La Comisión Insular de Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico artístico (Ciothupa) informó ayer de los criterios que deberán seguirse para actuar en la UA 27, una zona de sa Penya en la que el PGOU de 2009 contemplaba la expropiación y demolición de una treintena de viviendas al objeto de reestructurar la manzana y construir 12 VPO más un área de equipamiento público.
La Ciotupha ha concluido impedir estas demoliciones al establecer «la recuperación de los elementos originales que conforman esta alineación histórica, ubicada en un punto tan estratégico como es la cara de tramuntana del baluarte de Santa Llúcia». Y el informe precisa que se entiende como elementos originales «todas las fachadas y su compositiva, así como la volumetría básica». Sin embargo, se considera que elementos como forjados, cubiertas y distribuciones interiores sí podrán ser modificados. La Ciothupa apunta incluso la posibilidad de unir interiormente algunas de estas viviendas para conseguir condiciones mínimas de habitabilidad.
Informe contra el proyecto
El Consell da así la razón al informe de Rosa Gurrea, técnico de Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, que defendía que el Pepri impide el derribo de estas infraviviendas. El estudio arqueológico e histórico, prescrito en su día para avalar la intervención en la manzana comprendida entre las calles Retir y Alt, resultó contrario al proyecto, defendido tanto por el actual equipo de gobierno municipal como por el que presidía Lurdes Costa.
La ponencia de la comisión del Pepri aprobó el año pasado el estudio histórico que incluye este informe, pero no las conclusiones urbanísticas o jurídicas por considerar que excedían lo solicitado a la técnico de Patrimonio.
La Ciothupa determinó ayer que las conclusiones de este estudio deberán ser tenidas en consideración y que el informe deberá ser completado con otros ulteriores (arqueológicos, estructurales o de patologías). El dictamen de la Ciothupa señala también que una vez recabados estos datos deberá presentarse una propuesta de actuación concreta que recupere las estructuras arquitectónicas originales y elimine las reformas posteriores contrarias al espíritu del conjunto de las viviendas.
La Junta Rectora del Consorcio Ibiza Patrimonio de la Humanidad aprobó el mes pasado el pago del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza para la adquisición de los 30 inmuebles de la UA27. Se trata de 30 fincas registrales, en su mayor parte ocupadas de manera ilegal, cuya expropiación asciende a 2.930.000 euros.
