El Ayuntamiento de Sant Josep continúa siendo incapaz de encontrar una solución para derribar el complejo de ruinas, suciedad y foco de infecciones en que se ha convertido el antiguo delfinario de ses Salines, enclavado en pleno parque. Desde hace un tiempo, además, uno o varios okupas se han instalado en las construcciones de la zona.

El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, afirmó ayer que ha intentado convencer al propietario, residente en la Península, de que venda la parcela al Ayuntamiento, «pero este intento no ha fructificado». «Oficialmente, ni ellos han hecho ninguna petición ni nosotros hemos presentado ninguna oferta», manifestó el responsable municipal. «Extraoficialmente sabemos que lo que nosotros podríamos pagar está muy alejado de lo que ellos querrían obtener», añadió Marí Ribas, quien admitió que la situación está «bloqueada».

«En el tema de las propiedades privadas que están ocupadas hay un procedimiento que debe comenzar por una denuncia del propietario contra esta ocupación, cosa que no sé si ha pasado», afirmó el alcalde. En todo caso, «aquello es una propiedad privada y cada uno en su casa hace un poco lo que quiere».

«No hacen nada malo»

Preguntado sobre la posibilidad de que el Ayuntamiento actúe de oficio sin esperar a denuncia alguna, el alcalde de Sant Josep indicó: «Nosotros, si no hay nadie, ningún vecino ni nadie que nos denuncie esto... supongo que sí podríamos actuar, pero si no hacen nada malo... no sé qué decir», señaló en alusión a los okupas.

Con anterioridad, Marí Ribas ya se había mostrado remiso a la otra posibilidad que ofrece la ley, consistente en la expropiación de los terrenos para derribar el complejo, y dijo que es preferible llegar a algún acuerdo con los propietarios.

Las ruinas, residuos y escombros que permanecen en esta zona incumplen todas las normativas medioambientales que afectan al Parque Natural de ses Salines, que impiden la presencia de estructuras de construcción abandonadas y otros impactos ambientales y paisajísticos de este tipo.

Hace ahora dos años, el concejal de Medio Ambiente y Urbanismo, Josep Antoni Prats, anunció una solución «rápida» a este asunto, pero desde entonces las únicas gestiones realizadas se han limitado a averiguar la identidad del propietario y a tantear la posibilidad de una compra por parte del Ayuntamiento de Sant Josep.