El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) Antoni Capó ha citado, en calidad de imputados y para el próximo 21 de abril, al ex conseller y actual diputado del Partido Popular (PP) Josep Juan Cardona y al empresario Felipe Ferré, dos de los principales encausados en el caso Scala, el presunto desvío de fondos millonarios en el Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) en la pasada legislatura. Ferré es uno de los encausados que ha pactado su colaboración con los investigadores, mientras que no se descarta que la fiscalía anticorrupción solicite medidas cautelares contra Cardona el día 21.
El magistrado Antoni Capó ha decidido reanudar las pesquisas del caso Scala, tras asumir su instrucción el pasado mes de enero debido a la condición de aforado de Cardona, diputado del Parlament por el PP. Capó ha analizado durante semanas a fondo el sumario y quiere aclarar algunos extremos e iniciar nuevas líneas de investigación.
Cardona, defendido por Josep Zaforteza, se negó a declarar el pasado 22 de septiembre ante la anterior instructora del caso Scala, la magistrada Piedad Marín, alegando su condición de aforado. Ese día el ex presidente del PP de Ibiza tenía que haber depuesto acerca de las revelaciones efectuadas por Felipe Ferré, defendido por Felipe Bibiloni y José María Díaz.
Este empresario desveló el año pasado detalles sobre un presunto entramado societario montado por Cardona, Viaene, Ordinas, y otros inculpados para hacer negocios millonarios en Estados Unidos, China y Alemania con fondos e infraestructuras del Govern.
Cardona lo niega todo
Cardona en sus dos declaraciones anteriores ante la juez de instrucción 4 de Palma siempre negó haber participado en los desvíos millonarios de fondos del CDEIB, el organismo donde se centran las pesquisas. El parlamentario conservador rechazó igualmente haber tenido conocimiento de las múltiples irregularidades atribuidas a algunos altos cargos de su conselleria.
La tesis de la fiscalía anticorrupción es que el CDEIB, en vez de dedicarse a promocionar los productos industriales e impulsar las relaciones comerciales de Balears, se afanó en canalizar millones de euros a una serie de empresas vinculadas a sus principales gestores, Cardona; el director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene; y la gerente del consorcio, Antònia Ordinas.
La confusión de los intereses particulares de estos imputados y algunas iniciativas de las consellerias de Comercio y de Turismo sería total, según anticorrupción. Los caudales públicos habrían acabado en manos de los encausados mediante las comisiones pagadas por los proveedores, los beneficios directos derivados de otras empresas que eran suyas y contrataban con el Govern y con el empleo de medios del Govern como herramienta para emprender inversiones privadas en China u otros mercados.
El PP está personado en el sumario a través del abogado Tomeu Vidal. El actual Govern ejerce en la causa la acusación particular.
