Amanece Sant Antoni con la noticia de que una empresaria del West confirma ante un juez la existencia de un pacto verbal mediante el cual el Ayuntamiento se compromete a hacer la ´vista gorda´ en cuanto a horarios de bares se refiere, en compensación a la instalación de una carpa de primeros auxilios pagada por estos mismos establecimientos.

Lo que en cualquier lugar civilizado del mundo caería como un auténtico bombazo nos pilla a los portmanyins con la desazón de ser una más.

Un borrón más a sumar a la larga lista de despropósitos que viene siendo esta legislatura y que, a fuerza de acumularse, pierden en capacidad de impresión, aunque no por ello en importancia, incrementando la sensación de hartazgo. De ¡basta ya!

El Ayuntamiento lo niega. No puede ser de otro modo. Aunque a nadie se le escapa que las vehementes manifestaciones que protagonizaron estos mismos propietarios cuando se anunció la ordenanza de horarios no se han evaporado por arte de magia.

Sea como sea, el inclumplimiento de las ordenanzas es una evidencia ante la cual uno se pregunta para qué trabaja la Policía. Cómo puede sentirse un agente honrado si tras multas y aperturas de expedientes a montones, estos acaban acumulándose hasta su prescripción. ¿Quién quiere trabajar en Sant Antoni bajo estas condiciones?

Hace un par de días, un conocido empresario organizó un macroevento en Cala Gracioneta, apropiándose de la misma y monopolizando su uso sin licencia alguna. Parece ser que se solicitaron los permisos correspondientes hasta en dos ocasiones, ambas denegadas por el departamento de Urbanismo y Actividades. Hasta ahí bien. Ahora, el evento siguió publicitándose como si tal cosa, de modo que cualquiera con ganas podía saber cuándo y dónde iba a celebrarse, como finalmente sucedió.

Mil quinientas personas, accesos controlados por seguridad privada (accesos, por cierto, abiertos y cerrados a libre voluntad estos últimos dos o tres años), ningún plan de evacuación, cero servicios sanitarios€ ¿Cómo es posible que desde alcaldía o desde Gobernación no se anticipasen los medios para evitar una fiesta ilegal sobre la cual tenían conocimiento previo? Muy simple, aquello del «tu ves fent» tan típico.

O la versión ofrecida por el señor concejal de Gobernación, que simplemente no sabía nada. Bien, si esto es así, la responsable de coordinar las distintas áreas municipales, léase la señora alcaldesa, debe dimitir por incapaz. En cualquier caso, el expediente de infracción, ¿alguien duda de dónde acabará?

Y al final volvemos a lo mismo. Desazón. Hastío. Un sentimiento cada vez más homogéneo y transversal que recorre el pueblo de punta a punta. La sensación de que ya hemos llegado a un punto en que incapacidad, sumisión y cobardía son adjetivos que hay que desterrar de los despachos municipales. La idea de que no son los turistas ni muchos de los empresarios el problema, sino que sencillamente quien debiera gobernar no lo hace, o no del modo deseable. Las próximas elecciones van a marcar un antes y un después. No se puede tapar por más tiempo esta situación y de lo que se trata es de quitarles la careta de una vez por todas a los responsables.