Los hoteleros de Sant Antoni, hartos ya de sentirse desprotegidos por la fuerza pública, decidieron «coger el toro por los cuernos» y encarar por su cuenta los frecuentes problemas de seguridad que padecen sus clientes y establecimientos. Para ello, pusieron a patrullar a unos vigilantes privados que, uniformados y pertrechados solo con una linterna y un radiotransmisor, recorrían las calles a pie, iban de hotel en hotel y se limitaban a dar aviso a la Policía Local cuando detectaban algún incidente o situación conflictiva. Según los hoteleros, en un mes «cortaron de cuajo» los problemas de delincuencia y convivencia, en una muestra de efectividad disuasoria que resulta inaudita. Pero al poco tiempo, la Delegación del Gobierno obligó a suspender las patrullas al constatar que su vigilancia incluía ámbitos reservados a los cuerpos y fuerzas de seguridad; finalmente las ha autorizado, pero con limitaciones estrictas a su presencia en la vía pública. Procurarse uno mismo (individual o colectivamente) la seguridad que las autoridades públicas no son capaces de proporcionar es una vieja tentación recurrente, pero suele ser un atajo poco recomendable y cargado de riesgos. En todo caso, es siempre el síntoma de un problema que las administraciones competentes tienen el deber de afrontar y resolver.
