Formentera no está dispuesta a morir de éxito. Responsables políticos y dirigentes empresariales coinciden en que el número de coches y motos que soporta la isla durante el verano es ya insostenible y que es preciso reaccionar para frenar el impacto que esta aglomeración provoca en su pequeño territorio insular y en la imagen que proyecta como destino turístico ´tranquilo´. La solución que todos señalan es limitar el número de vehículos de motor, lo cual obligaría a imponer restricciones a su entrada y/o circulación. Las decisiones que se adopten (o dejen de adoptarse) en esta encrucijada serán cruciales para el futuro.

Desde que los ferries capaces de transportar coches a decenas comenzaron a operar en la línea entre las Pitiusas, el parque automovilístico de Formentera no ha dejado de crecer exponencialmente, tanto en vehículos particulares como de alquiler, y lo mismo ha ocurrido en el caso de los ciclomotores y motos de pequeña cilindrada, convertidas en el transporte preferido por los jóvenes turistas para recorrer la isla. Así hasta llegar a un punto de saturación que es claramente perceptible durante los meses estivales.

Una vez identificada la amenaza viene lo verdaderamente complicado: el reto de aplicar soluciones equilibradas que, teniendo en cuenta todos los intereses económicos, turísticos o medioambientales, permitan salvaguardar los valores que aún atesora Formentera. Por eso, antes de adoptar ninguna medida es imprescindible establecer con exactitud cuál es el censo de vehículos existentes y cuál es el aforo máximo que puede acoger la isla sin poner en peligro sus frágiles equilibrios. O bien cuál es la carga de tráfico que la sociedad formenterense está dispuesta a tolerar, asumiendo plenamente las consecuencias. A partir de ahí habrá que resolver.

No hay otra forma de contener el incremento de vehículos que restringir de algún modo su entrada o la circulación en la isla. No obstante, como reconoce el propio Consell, una medida de este calado debe meditarse cuidadosamente, exige estudiar a fondo los múltiples aspectos jurídicos, económicos, ecológicos o de oportunidad que conlleva, y ligarla a otras actuaciones encaminadas a mejorar las infraestructuras y servicios, entre ellas organizar una buena oferta de transporte público y habilitar suficientes zonas de aparcamiento.

En todo caso, también sería deseable que su implantación viniera avalada por un consenso político e institucional. Un paso así, que se presta tanto a la demagogia en uno u otro sentido, conviene que se plantee como una propuesta compartida por todos, como una alternativa que puede ser necesaria para preservar el futuro de la isla, no como una iniciativa más para abrir polémicas, conflictos y enfrentamientos entre adversarios.