El informe de la comisión de expertos del Centro del Patrimonio Mundial que ha evaluado el proyecto de expansión del puerto de Vila y el estado de conservación de los bienes protegidos en las Pitiüses ofrece una conclusión esencial e inequívoca: el intento de varias entidades ibicencas para que la Unesco se opusiera al proyecto de la Autoridad Portuaria ha fracasado y los argumentos más alarmistas que invocaban en sus denuncias han sido rotundamente desmontados.
Bien es verdad que el documento elaborado por los inspectores admite diversas lecturas y, en algunos aspectos, incluso se presta a distintas interpretaciones, pero puede decirse que la enmienda a la totalidad planteada por el GEN, el Institut d´Estudis Eivissencs y Eivissa pel Canvi ha sido rechazada, aunque seguramente podrán prosperar ahora algunas enmiendas parciales encaminadas a minimizar el impacto de la obra. En este sentido, el informe que deja abierta la puerta a la ampliación del puerto entre s´Illa Plana y es Botafoc insta también a la Autoridad Portuaria a revisar numerosos aspectos del proyecto y contiene recomendaciones que dan alguna satisfacción a los denunciantes, aunque pequeñas en comparación con el objetivo que perseguían.
GEN, IEE y ExC basaron toda su oposición a los nuevos muelles de es Botafoc en la existencia de una alternativa técnicamente viable, más económica y de menor impacto medioambiental, que consistía en habilitar las nuevas líneas de atraque en la ribera norte del actual recinto portuario, ocupando para ello el espacio del antiguo puerto deportivo Ibiza Nueva (ahora Marina Ibiza). Sin embargo, la misión de expertos de la Unesco ni siquiera ha tomado en consideración esa otra alternativa y no cuestiona el traslado de las operaciones portuarias a la zona de es Botafoc, si bien considera una «cuestión clave» que se reduzca la dimensión de las plataformas previstas y sugiere que la ampliación del puerto sea cuidadosamente ajustada «a las necesidades de la isla y no al tamaño de los barcos» que operan en él, entre otras recomendaciones para reducir posibles impactos no deseados. A la vez, el dictamen pone especialmente en evidencia a los agoreros que sugerían a la Unesco amonestar a Eivissa y poner en cuarentena su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la ampliación del puerto o por otros variados motivos. Según los inspectores, «el estado general de conservación [de los bienes protegidos] es satisfactorio» y «no están actualmente bajo ninguna amenaza que requiera ser considerada por el Comité del Patrimonio Mundial para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro».
Al margen de su evaluación sobre el proyecto del puerto, el informe de los expertos incluye apreciaciones y observaciones muy valiosas acerca de la gestión, conservación y promoción de todos los bienes protegidos, de manera que constituye también una magnífica hoja de ruta que debería tener muy en cuenta el Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad para orientar sus actuaciones en el futuro. Un futuro del que debería quedar desterrado para siempre el uso irresponsable de la declaración de Patrimonio de la Humanidad como arma arrojadiza, hasta llegar al extremo de ponerla en riesgo o de desacreditarla para lograr objetivos meramente sectarios, como se ha hecho en esta ocasión.
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