Con la aprobación ayer de la reforma del alquiler turístico, entró en vigor una moratoria que impedirá registrar nuevas viviendas para el negocio vacacional durante un período de hasta un año. Ese es el plazo máximo en el que los Consells Insulars y el Ayuntamiento de Palma deberán haber definido en qué zonas permiten el arrendamiento y para qué tipos de vivienda. Es decir, las casas aisladas y los chalets adosados que no se hayan registrado para el turismo tendrán que aguardar a que los Consells decidan. Después, si en su zona se admite el alquiler, podrán solicitar licencia, que a diferencia de las concedidas hasta ahora, será válida solo cinco años.
