El Ayuntamiento de Sant Antoni centraliza, con la colaboración del Consell, las actuaciones contra la actividad que se desarrolla en el chalé patera de Sant Antoni, aunque el concejal de Urbanismo, Juanjo Ferrer, avanza que, en ningún caso, «se puede obviar» la existencia de un centenar de personas que «ha pagado por vivir ahí» y que son «víctimas» del negocio del casero y de «la situación global que se está sufriendo en la isla» por falta de vivienda y los elevados precios.
Ferrer apunta que el Ayuntamiento tiene «dificultades» para definir qué uso se está desarrollando en la casa. «No es turístico, pero tampoco es del todo residencial. El propietario se está aprovechando de la situación de alegalidad de estos alquileres. Nos costará ubicarlo, pero, evidentemente, si podemos probar que el uso que se desarrolla no está permitido, actuaremos con toda la fuerza que podamos. Y si hace falta, lo precintaremos, siempre y cuando tengamos en cuenta que ahí hay personas viviendo y que no podemos generar un problema mayor, que sería echarlas a la calle», justifica el concejal
Ferrer asegura que se está trabajando junto al Consell y no descarta que se pueda presentar una denuncia en Fiscalía si se obtienen indicios de la comisión de algún delito, como el de estafa.
En todo caso, el Consistorio focaliza su actuación en el expediente de infracción urbanística abierto en febrero tras la inspección que se hizo en la casa por un requerimiento judicial (ver el documento de la página 4), en la que se constató la división de la vivienda en múltiples habitaciones (35 reconoció entonces el propietario).
La vía del expediente urbanístico
En este sentido, Ferrer indicó que se intentará agilizar la tramitación de dicho expediente, que, casi con toda seguridad, obligará a la propiedad a restablecer la legalidad y, con ello, a echar abajo todas las habitaciones construidas sin licencia. Esta es la vía que ahora mismo el Consistorio ve más adecuada para forzar el cierre del negocio, al menos la dimensión actual.
La vicepresidenta del Consell, Viviana de Sans, insistió en que la situación de esta vivienda es «intolerable» e insistió en que la institución colaborará en las actuaciones que emprenda el Consistorio.
