La anulación del PGOU de 2009 ha obligado al Ayuntamiento a iniciar la declaración de caducidad de la gran mayoría de los expedientes de infracción urbanística abiertos por las alrededor de 150 vallas publicitarias que hay en el municipio de Ibiza. Ello sucede porque de nuevo se aplica el Plan General de 1987, que «no habla con suficiente claridad» de las vallas, por lo que se ha perdido «la base legal que sustentaba estos expedientes», con los que se perseguía llegar a su retirada, explica el teniente de alcalde de Vila, Alfonso Molina.
El concejal añade que se podrá seguir la tramitación de las denuncias urbanísticas referidas a vallas instaladas en suelo rústico, donde se aplica el Plan Territorial Insular. También señala que como mucho esto permitiría mantener el expediente abierto a «entre 15 o 20» de estos soportes publicitarios.
El equipo de gobierno tiene la intención de iniciar de nuevo los expedientes «como sea necesario para que estas vallas se tengan que retirar» tan pronto como se apruebe el nuevo PGOU, algo que está previsto que suceda en unos dos o tres meses. Por eso Molina no cree que los propietarios de estos soportes publicitarios irregulares traten de legalizarlos en el ínterin.
Molina también señala que «habría sido más inteligente ir contra 15 vallas concretas, conseguir quitarlas y luego ir a por otras 15», en lugar de abrir expediente contra todas las del municipio a la vez, porque «cada uno se tiene que tratar de forma individualizada» y su tramitación es complicada de asumir.
En cuanto a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que anula las multas a los anunciantes de una decena de vallas del municipio, Molina señala que el fallo da la razón a Vila en tanto que «puede aplicar la ordenanza de publicidad para impedir que se usen las vallas». «Habrá que empezar muchos expedientes para dirigirlos a quien toca», la empresa que comercializa estos espacios y no los anunciantes, según indica el fallo, «pero el canal es el correcto», según Molina. Vila abrió unos 50 expedientes de infracción, repartidos en varios juzgados.
