El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep ha optado por acelerar los trámites para restablecer la legalidad infringida en Can Lola. Después de haber ignorado una orden de derribo que dejó lista en 2010 el anterior Ayuntamiento progresista, el departamento de Javier Marí reinició todos los trámites en 2012 para completar un nuevo expediente de demolición, ahora concluido. Probablemente, y vistos los antecedentes de obstrucción mostrados por la promotora, deberán ser los tribunales los que acabarán interviniendo para dar la razón al Ayuntamiento ante los más que posibles recursos contra la demolición. Más seguro parece el cobro de la multa millonaria que se impondrá a la responsable de las obras, puesto que, de no abonarla, se cobrará automáticamente por vía ejecutiva, gracias al convenio que el Ayuntamiento tiene con la Agencia Tributaria.
