Las dos últimas sentencias judiciales recaídas sobre la vivienda ilegal del Puig d´en Serra obligan al Ayuntamiento a sancionar al exalcalde, José Serra Escandell, y a los otros cinco concejales que el 14 de mayo de 1992 votaron a favor de la concesión de esta licencia de obras a pesar de disponer de informes técnicos y jurídicos desfavorables porque se trataba de un suelo inedificable. Además de Serra Escandell, formaba parte de la comisión de gobierno que adoptó esa decisión el entonces concejal José Marí Prats, Berris, padre de la actual alcaldesa, Neus Marí.
Según recordó ayer el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) en un comunicado, «la demolición es solo uno de los puntos a los cuales viene obligado el Ayuntamiento por las reiteras sentencias judiciales» dictadas sobre este asunto.
La resolución judicial emitida por el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma, que fue confirmada íntegramente en 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), afirmaba: «El Ayuntamiento demandado deberá incoar los correspondientes procedimientos sancionadores contra los responsables del otorgamiento de las licencias anuladas», es decir, los seis ediles citados.
Cuando el exalcalde Serra Escandell fue juzgado por un presunto delito de prevaricación en relación con la autorización de esta casa, fue absuelto al haber prescrito el delito cometido, pero la sentencia establecía: «Procede dictar un pronunciamiento absolutorio para los acusados; lo que se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden, tanto administrativo-sancionadoras, como civiles, derivadas del comportamiento realizado y de los perjuicios que éste ha irrogado tanto a la propia administración pública como a los propios administrados, que habrán de depurarse en los procedimientos correspondientes».
«Por la vía penal, si es preciso»
El GEN está resuelto a exigir el cumplimiento de este punto de las sentencias: «En el caso de que el Ayuntamiento no procediera a dar cumplimiento íntegro a la sentencia, con la imposición de las sanciones y las reclamaciones que corresponda a los responsables, se instará a que sean los juzgados los que se encarguen de la ejecución de esta parte de la sentencia y se acudirá incluso a la vía penal si fuera preciso», señala el comunicado de los ecologistas.
Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Javier Marí, no pareció ayer muy dispuesto a cumplir los requerimientos judiciales, al menos de manera inmediata: «Es mucho más complejo que eso, porque, efectivamente, se concedió una licencia, pero la casa no se adapta a la licencia», y dijo que el Ayuntamiento dictó una orden de paralización en su día.
Al recordarle que, con independencia de ello, las sentencias obligan a sancionar a quienes concedieron el permiso, Marí contestó: «No lo sé. No me han dicho nada. Supongo que eso vendrá luego con las responsabilidades patrimoniales que pida la propiedad».
«A mí lo que me dicen es que eso se determinará luego, en un futuro», añadió.
En cuanto a los costes de la demolición, Marí señaló que el Ayuntamiento pasará la factura al propietario por haber incumplido las condiciones de la licencia otorgada. «Reclamaremos tanto el coste de la demolición como todos los demás gastos», señaló.
Hace algunos años, la propiedad presentó una solicitud de indemnización ante el Ayuntamiento de Sant Josep por haberle concedido una licencia que resultó ser ilegal. Sin embargo, el juez desestimó esa petición por no haberse presentado en el momento oportuno, según explicó ayer Marí.
El Ayuntamiento teme que sea ahora, a partir de la demolición de la casa, cuando el dueño vuelva a tramitar esa reclamación de indemnización por los perjuicios ocasionados.
