Uno de los primeros artículos del decreto obliga a la conselleria balear de Medio Ambiente a «cartografiar las praderas de posidonia existentes en el ámbito de Balears». Añade que estas delimitaciones «serán incorporadas a sistemas de información accesibles para los navegantes y para el público en general». Recientemente, el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, avanzó que se destinará un millón de euros del impuesto turístico para este fin y se espera que esté terminada para 2019. Mientras tanto se utilizará como base la ´ecocartografía´ publicada por el Ministerio de Medio Ambiente de las aguas de Ibiza y Formentera, y de Menorca. Las funciones de vigilancia, inspección y control corresponden a las administraciones competentes en materia ambiental, de litoral y marino, por lo que cualquier agente de la autoridad puede dar cumplimiento al decreto. Las sanciones están reguladas por la Ley de Patrimonio Natural y por el decreto, que las tipifica como leves, graves y muy graves.
