Entre las soluciones que discuten los socios de Gobierno hay una propuesta de Justicia para volver a las anteriores penas cuando haya violencia o intimidación, pero, aseguran desde el Gobierno, manteniendo el consentimiento en el centro del régimen penal. Pero para Igualdad y para Unidas Podemos, volver a esos conceptos de violencia e intimidación supone atentar, precisamente, contra el núcleo de la ley, el consentimiento.