El presunto asesino en serie acusado de las muertes violentas de Marta CalvoLady Marcela Vargas y Arliene Ramos y de los asesinatos intentados de otras ocho mujeres, Jorge Ignacio P. J., ha comparecido esta mañana ante el juez de Instrucción y el resto de las partes personadas en la causa para decidir la prórroga de su prisión provisional hasta que se celebre el juicio. El acusado ha vuelto a insistir hoy ante el juez en que “no mató a Marta Calvo” y que “ya conté a la Guardia Civil lo que hice con el cadáver”. Es la misma frase que ha repetido en cada una de sus comparecencias judiciales y que, obviamente, no ha conducido al hallazgo del cuerpo de su última víctima mortal.

Como estaba previsto la fiscal y las acusaciones particulares han interesado la prórroga de la prisión provisional para el presunto asesino en serie, en atención a la gravedad de los hechos que se le imputan y la elevada pena que les corresponde, lo que aumenta lógicamente el riesgo de fuga. Jorge Ignacio P. J se ha mostrado vehemente, como de costumbre, hasta que el juez lo ha frenado diciéndole "estamos aquí solo para valorar la prórroga de la prisión". El presunto asesino se ha mostrado enfadado con los abogados de las acusaciones particulares a quienes les ha dicho que “no voy a entrar en su juego”. Así mismo, el juez se pronunciará este mismo viernes.

Tal como adelantó Levante-EMV, se trata de un trámite necesario ya que la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) fija un plazo máximo de la prisión provisional de dos años, prorrogable durante dos más para los casos complejos en los que, como sucede en este, no se ha finalizado el periodo de instrucción previo a la celebración de la vista oral, que en este caso será con un tribunal de jurado por el tipo de delito que se le imputa al acusado y que se espera para finales del año que viene.

Refugiado porque dice tener miedo

Jorge Ignacio P. J. está privado de libertad desde su detención, el 4 de diciembre de 2019, tras entregarse de madrugada en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, por lo que el 3 de diciembre próximo vencería ese primer plazo de dos años de prisión provisional de no aprobarse la prórroga, algo impensable dado que los 37 delitos que le imputan las acusaciones pública y particulares llevan asociadas penas muy elevadas —en el caso de las familias, la prisión permanente revisable, la máxima que permite el ordenamiento jurídico español—, por lo que en ningún caso va a quedar en libertad antes del juicio.

El la vistilla de hoy no solo estarán el magistrado, la fiscal y el resto de partes personadas —las tres acusaciones particulares y la defensa—, sino también el propio investigado.

Por esa razón, Jorge Ignacio P. J. fue trasladado a finales de la semana pasada desde el centro penitenciario de Albocàsser, donde se encuentra desde finales de agosto tras ser cambiado de cárcel por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hasta la prisión de Picassent, donde estuvo recluido desde el 6 de diciembre de 2019. Desde agosto, vive en régimen de protección, tras serle aplicado el artículo 75.2 de la ley penitenciaria, lo que le permite vivir solo en una celda, porque, dijo, sentía miedo de los demás reclusos.