Una mujer de Ibiza se queda se queda sin pensión de viudedad tras 45 años de convivencia🌐

Los tribunales no han reconocido el derecho a cobrar una pensión de viudedad a una mujer soltera, que estuvo 45 años seguidos compartiendo su vida con el mismo hombre. La pareja tomó la decisión de no contraer matrimonio, ni tampoco optó por inscribirse en un registro oficial. Si hubieran optado por alguna de las dos soluciones, con toda seguridad sí se hubiera reconocido el derecho a cobrar esta pensión.

Este caso, cuando menos llamativo, ha sido analizado en profundidad por el Tribunal Superior de Justicia. Los jueces han estudiado la denegación de esta pensión adoptada por la oficina de la Seguridad Social de Ibiza. La pareja es residente de la isla pitiusa.

El varón falleció el día 23 de marzo de 2020. Era un hombre conocido en la isla, hasta el extremo de que la propia presidenta del Govern, Francina Armengol, le trasladó a la que consideraba su mujer su pésame por esta muerte.

La relación entre este hombre y esta mujer «era pública y notoria», según señala la sentencia. Ella lo pudo acreditar, para tramitar la demanda judicial, mediante la declaración de varias personas que conocían dicha relación.

El aspecto más importante sobre el que pivota esta situación es que ha quedado claro que, pese a que la convivencia se prolongó durante 45 años, ni la mujer, ni el hombre, pese a que ambos eran solteros y no tenían ninguna traba legal, decidieron no contraer matrimonio, ni civil, ni religioso. Tampoco dejaron constancia de esta prolongada relación en el registro de parejas o mediante un documento público de constitución de dicha relación.

Los únicos documentos que unían a la pareja fue la adquisición de dos inmuebles, ambos ubicados en la isla de Ibiza. Los bienes se compraron por mitades indivisas y en las escrituras indicaron que ambos eran solteros.

El abogado de esta mujer apeló a que se estaba provocando una situación de discriminación, porque no se podía imponer a dos personas que mantenían una relación efectiva contraer matrimonio, ni tampoco inscribirse en un documento oficial como pareja de hecho. Defendió el abogado que la finalidad de ambos requisitos era la de evitar que algunas personas se pudieran lucrar indebidamente con pensiones de viudedad. Sin embargo, no era el caso de esta mujer, cuya relación sentimental, y sobre todo por su prolongación, era conocida por todas las personas que la conocían.

Esta situación no es nueva para los jueces. Han sido muchas las mujeres, con una relación continuada con su pareja pero que no aparece acreditada en ninguna inscripción oficial, las que han pedido el derecho a ser consideradas beneficiadas por una pensión. De hecho, los tribunales han ido perfilando la interpretación sobre este conflicto, con distintas posturas, hasta que definitivamente se ha adoptado una decisión definitiva. Así, el TSJB entiende que es el Estado el que impone este reconocimiento público de una relación de pareja. La administración no obliga a nadie a contraer matrimonio, ni tampoco inscribirse como pareja de hecho. Sin embargo, sí establece diferencias entre las parejas inscritas y las que deciden no hacerlo. Y si bien es cierto que cada vez son más frecuentes las parejas que deciden no casarse, esta nueva realidad familiar no impone a la administración otorgar un idéntico tratamiento a las parejas que deciden formalizar su relación a las que deciden no realizar ningún tipo de inscripción.

Constitución

Es más, es el propio tribunal el que deja muy claro que esta diferencia de reconocimiento no supone ningún ataque constitucional. Se justifica que el Estado imponga estos requisitos a las parejas, para que después uno de ellos pueda beneficiase de una pensión de viudedad, como un sistema para coordinar el sistema de prestaciones que abona la Seguridad Social. Y en este sentido, la sentencia interpreta que el registrarse en una lista de pareja de hecho representa un compromiso de convivencia de dos personas. Este requisito lo que hace, sobre todo, es favorecer la seguridad y el mantenimiento del sistema de prestaciones públicas y evita la posibilidad de fraude en la reclamación de pensiones de viudedad.

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