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Diario de Ibiza

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Baleares quiere una tasa para las multinacionales que han hecho "gran negocio" con el covid

La cámara autonómica insta al Estado a realizar un estudio para aplicar el tributo a las grandes farmacéuticas, las empresas de mascarillas e incluso las plataformas de películas y empresas de mensajería

Imagen de archivo del Parlament balear

El Parlament de Baleares aprueba hoy una proposición no de ley (PNL) para impulsar vía el Estado poner una tasa a las grandes multinacionales que han hecho un gran negocio con la pandemia de la covid-19. La propuesta es de Més per Mallorca y ha sido enmendada por el PSOE. La PNL habla de aplicar esta tasa a las empresas farmacéuticas fabricantes de vacunas, los fabricantes de mascarillas e incluso las multinacionales de la mensajería y las plataformas de video y películas. Todas ellas han visto incrementado su negocio de forma exponencial durante la pandemia que ha ayudado a crear una gran demanda de sus productos.

En concreto, la propuesta aprobada en su punto primero afirma: "El Parlament de les Illes Balears insta al Govern del Estado español a formar un grupo de trabajo para la creación de una figura impositiva sobre beneficios derivados de la irrupción de la pandemia que han obtenido empresas multinacionales". El PSOE ha presentado una enmienda para incluir la "progresividad fiscal, que quien más gana más pague, y del aumento de la autonomía fiscal y financiera de las comunidades autónomas". El portavoz de Més, Miquel Ensenyat, apunta en su propuesta que "no debemos olvidar que muchas de estas grandes empresas, especialmente las farmacéuticas, firmaron contratos millonarios con las administraciones públicas" realizando un gran negocio.

Més pedía también que el ministerio de Economía realizara un listado de los sectores que han visto incrementado "de forma evidente" sus beneficios a partir de contratos públicos de materiales para combatir los efectos de la covid-19 y medicamentos y material sanitarios. No obstante, según ha explicado el diputado socialista Jordi Marí, "consideramos que los contratos públicos no se deben revisar, ya que las administraciones tienen sus propios mecanismos de control".

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