El departamento de Territorio del Consell de Ibiza advierte de que el desarrollo previsto en el sector 4.14 de sa Plana de Mar, junto a Cala Molí, debe reducir las expectativas de la propiedad y, que en lugar de las 18 viviendas, se pueden construir 13 más. Este terreno arbolado es colindante con la urbanización de Cala Molí cuyas obras invadieron una zona protegida como Área Natural de Especial Interés (ANEI) y que motivó, en 2005, el origen de la causa judicial contra el difunto exarquitecto municipal de Sant Josep Antonio Huerta. Aún no se ha derribado la estructura que afecta a la zona protegida.
Precisamente, la propiedad de este sector tramita la modificación del Plan Parcial aprobado en 1989 con la finalidad de excluir los terrenos protegidos (ANEI) que afectan también a este sector desde que entró en vigor la Ley de Espacios Naturales, en 1991. Además, entre otras cosas, se reubican los terrenos que en su día se cedieron al Ayuntamiento y que actualmente se ubican en la franja blindada.
Esta adaptación supone la reducción de la superficie inicial, de 100.700 metros cuadrados, a 59.136 metros cuadrados, un 41,3% menos. Al este de la carretera que bordea la costa se encuentra la parcela 1 con 46 adosados de menos de 100 metros cuadrados ya construidos, que, en su día, tal como contemplaba el planeamiento urbanístico de Sant Josep cada uno contabilizaba como media vivienda (23 en total). El promotor proyecta construir 18 viviendas unifamiliares más, 18 menos de las previstas «para reducir el impacto». En el Plan Parcial de 1989, incluida la zona ANEI, se proyectaban 91 viviendas en total. La altura se reduce de tres a dos plantas.
Sin embargo, el informe del Consell advierte de que en noviembre de 2009 entró en vigor una modificación de la normativa urbanística de Sant Josep que eliminaba la posibilidad de contabilizar estos adosados como media vivienda. Considera que ahora «no está justificado» que se contabilicen 23 viviendas cuando hay 46, por lo que sólo se podrían construir 13 viviendas más, no 18.
Asimismo, la propiedad sostiene que no tiene la obligación de reservar parte de los inmuebles a viviendas de protección pública. El Consell, en cambio, asegura que sí tiene esta obligación porque la modificación del Plan Parcial se inició con posterioridad a la ley balear de Urbanismo (2017).
Falta de agua en la isla
La Comisión de Medio Ambiente de Balears aprobó el mes pasado obligar a la propiedad a tramitar una evaluación ambiental estratégica ordinaria en la que se aclare, según el informe del Consell, el número de viviendas proyectadas.
También condiciona la modificación del Plan Parcial a la disponibilidad de agua. Si existe un suministro comprometido pero no ejecutado, el Ayuntamiento deberá presentar «una previsión» de cómo cubrirá la demanda actual y la que se incorpora, «teniendo en cuenta que se han reducido las reservas respecto a cuando se aprobó el planeamiento en vigor (1987) y que hoy se extrae más agua de pozo que la disponible para el abastecimiento urbano, así como que las desaladoras no pueden aumentar su producción en verano.
Impacto sobre una zona de nidificación de aves protegidas
El departamento de Medio Ambiente del Consell también advierte de que la zona de intervención es «un nicho potencial» de aves protegidas por la directiva europea. En concreto, se considera la presencia potencial, tanto como zona de alimentación como de nidificación, como mínimo de la xabel·lí, cogullada y enganyapastors cuallarga y es probable también el cap d’olla. Por ello, la Comisión de Medio Ambiente de Balear pide que la evaluación ambiental proponga medidas para reducir o corregir cualquier efecto sobre estas especies.
