El equipo de gobierno tumbó una propuesta del grupo del PSOE para que se ejecute «un plan de choque» para la mejora del transporte público por carretera mientras se tramita el nuevo servicio que se prevé poner en marcha en 2023, con las nuevas concesiones de autobuses.
En este sentido, el Consell aprobó ayer de forma inicial, con el voto a favor de PP, Ciudadanos (Cs) y la consellera tránsfuga Marta Díaz y la abstención de PSOE y Unidas Podemos, el proyecto de prestación del servicio del transporte regular de pasajeros por carretera, el documento que recoge las líneas previstas en las nuevas concesiones y que fue presentado hace unos días en rueda de prensa. Ahora se inicia un periodo de exposición pública y de recogida de alegaciones.
El vicepresidente segundo, Javier Torres, de Cs, explicó el incremento de líneas previsto en todos los municipios. También dijo que el Consell aportará 44,5 millones de euros en 10 años, que es el déficit previsto.
Sobre este último punto, el portavoz del grupo del PSOE recordó que en el pasado mandato, cuando el anterior gobierno de izquierdas aprobó el plan insular de servicios de transporte regular por carretera, con un déficit de 4,6 millones anuales, el PP advirtió de que la normativa europea sólo permite concesiones que son «autosuficientes». El interventor puso entonces en duda la viabilidad económica del plan.
Ahora, el nuevo interventor no hace referencia alguna a este déficit y, en su informe, se limita a apuntar que la fiscalización del servicio se hará cuando se tramite la licitación porque el plan aprobado no compromete de momento ninguna partida presupuestaria.
Torres calificó de «cínico y demagógico» el plan de choque propuesto por el PSOE porque con las concesiones prorrogadas «no se pueden hacer muchas cosas». Los socialistas recordaron que los propios trabajadores de Voramar admiten que están prestando «un servicio pésimo».
