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Urbanismo

Sant Josep da tres semanas a los dueños de Casa Lola en Ibiza para derribar "todo lo edificado sin licencia"

En cuanto finalice el plazo, que se inició el 13 de agosto, el Ayuntamiento demolerá lo construido ilegalmente y le pasará el coste de estos trabajos a la propiedad

Imagen de archivo de Casa Lola.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la propiedad del alojamiento turístico ilegal conocido como Casa Lola, Francisca Sánchez Ordóñez, y ha ratificado su demolición y la "obligación de reestablecer la legalidad urbanística vulnerada".

Así lo han comunicado desde el Ayuntamiento de Sant Josep, que asegura que los dueños del establecimiento han sido ya informados y que se ha instado a los mismo a "dar cumplimiento de la sentencia que confirma la orden de derribo de todo lo edificado sin licencia". En la notificación, aseguran fuentes municipales, también se informa a los promotores de que tienen un plazo máximo de tres semanas antes de que el propio Consistorio inicie la ejecución subsidiaria de los trabajos de demolición, "contando desde el pasado viernes, 13 de agosto".

Las obras que se deben derribar

"Con esta resolución judicial del caso, se han podido concluir también los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística abiertos por el Ayuntamiento a raíz de las diferentes denuncias y visitas que se han hecho los últimos años por parte de los servicios técnicos municipales al complejo turístico ilegal de es Cubells", celebran desde el ejecutivo municipal.

Las obras que se han realizado sin licencia y que ahora se tienen que derribar, informan desde el Ayuntamiento, consisten en "una piscina y terraza anexa al edificio principal; el porche; edificio anexo de unos 50 metros cuadrados; las fuentes de un edificio de unos 30 metros cuadrados de superficie aproximad;, edificio de unos 50 metros cuadrados construidos situado al norte de la parcela la próxima al camino de acceso; dos edificaciones que forman una 'L' de una superficie de 200 metros cuadrados (50 metros cuadrados una y 150 la otra); depósito de agua con una superficie aproximada de 52 metros cuadrados; ocho volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933 metros cuadrados; terrazas cubiertas con una superficie total al 100% de 342 metros cuadrados; terrazas exteriores con una superficie total de 414 metros cuadrados; dos piscinas con una superficie de espejo de 84 metros cuadrados y 68 metros cuadrados, respectivamente; una cisterna en construcción de 36 metros cuadrados de superficie y construcción de varios muros de contención de parcela y divisiones interiores con bloque prefabricado de hormigón y piedra natural, todo con una edificabilidad total aproximada de 1.104 metros cuadrados y una ocupación total aproximada de 1.892 metros cuadrados". 

El procedimiento se dirige "contra la promotora pero también contra las empresas constructoras"

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"Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad", apuntan desde el Consistorio, "se sigue la tramitación también del expediente sancionador contra la propiedad, teniendo en cuenta que estas obras ilegales han sido tipificadas como una infracción grave". El procedimiento, recuerdan desde Sant Josep, se suspendió hasta la resolución del recurso contencioso y se dirige "contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción de 1,4 millones de euros".

En su resolución, el Consistorio advierte de que "si transcurrido el plazo no se han ejecutado los trabajos necesarios para restablecer la legalidad física alterada con la demolición de todo lo construido sin licencia, el Ayuntamiento ejecutará de manera subsidiaria estos trabajos con el coste a cargo del infractor". Contra esta resolución, el equipo de gobierno recuerda que cabe presentar recurso de reposición ante la junta de gobierno municipal o ante el juzgado.

El caso de esta ilegalidad urbanística se arrastra desde hace años. Desde el Consistorio recuerdan: "El inicio de este expediente de ejecución subsidiaria llega después de que se haya resuelto el caso en los tribunales, después de años de litigios promovidos por la propiedad de Casa Lola para obstaculizar la actuación del Ayuntamiento ante el cúmulo de ilegalidades detectadas en esta propiedad".

"Un triunfo" para el Ayuntamiento

"Con la dedicación y la constancia de los servicios jurídicos municipales, las resoluciones han ido cayendo todas del lado del Ayuntamiento y han avalado todas sus actuaciones para hacer cumplir la legalidad vigente", añaden desde el Consistorio.

De hecho, el equipo de gobierno considera que la resolución de este "largo litigio contra esta propiedad que incumple de manera sistemática las leyes urbanísticas", es "un triunfo que pone en valor el trabajo hecho por todos los trabajadores del Consistorio y una victoria para los vecinos de este complejo ilegal, que pronto podrán recuperar la tranquilidad y el descanso a los que tienen derecho".

"Desde este equipo de gobierno", añade el la nota el alcalde, Ángel Luis Guerrero, "nunca hemos tenido la menor duda de que este momento llegaría, porque quien la hace a la fuerza tiene que acabar pagando".

A los dueños de Casa Lola, "las tácticas dilatorias sólo les han servido para ganar tiempo y prolongar la agonía que han hecho pasar a los vecinos". El alcalde advierte de que "este equipo de gobierno ha actuado y actuará siempre contra quien decida ir contra la convivencia, el respeto y las leyes, por atentar contra el territorio, aunque las resoluciones no lleguen tan pronto como nos gustaría. Que nadie piense que hay impunidad para hacer la vida imposible a nuestros vecinos ni para lucrarse a costa de nuestro territorio saltándose las leyes".

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