El Ayuntamiento de Sant Josep ha enviado de nuevo las notificaciones de desalojo a los propietarios del bloque A de los Apartamentos Don Pepe, después de que un auto judicial descartara la suspensión cautelar de esa orden que solicitaban los vecinos. Por su parte, los afectados inciden en que no se irán voluntariamente de sus domicilios si no se les ofrece un realojo hasta que se pueda garantizar la estabilidad del edificio, tal y como figura en el mismo auto, a la vez que denuncian que se sienten «coaccionados y hostigados» por la reiterada presencia policial en los últimos días.
Desde el lunes y hasta ayer, dos patrullas de la Policía Local han acudido en diversas ocasiones al edificio de es Codolar para entregar a los afectados el decreto de Alcaldía que ordena «el desalojo inmediato en el plazo de 48 horas de la notificación, que quedará supeditado al realojo temporal por parte del Ayuntamiento de las familias afectadas». No obstante, como los agentes no han localizado a todos los afectados, la orden no es aún efectiva y deberá esperar a que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, según detalló un portavoz municipal.
Interpretaciones opuestas
Además, el Ayuntamiento y los representantes legales de los vecinos difieren en la interpretación de la disposición del juez que ordena a Sant Josep a realojar a las familias «mientras se realizan las obras necesarias para la estabilidad del edificio, garantizando la seguridad de sus ocupantes, si técnicamente es viable». El Consistorio, que ha recurrido este punto del auto, entiende que cumpliría esa medida con su oferta de dos meses de hospedaje en un apartahotel y que no puede dar una licencia de reforma al estar el edificio fuera de ordenación. Por su parte, la presidenta de la comunidad de propietarios, Silvia Hernández, recalca que es a la Justicia a la que le toca determinar «si es técnicamente viable hacer esa obra».
«Más tensión»
Más allá de los entresijos judiciales y administrativos, los afectados acumulan más de un año sufriendo el futuro incierto de sus viviendas, después de que en junio del año pasado fueran desalojadas las otras dos escaleras del bloque. La caída de un trozo de techo reveló deficiencias estructurales y se apuntaló una parte del edificio, que los vecinos solicitan rehabilitar. De momento, solo se han ido de las tres escaleras restantes los inquilinos y permanecen los propietarios y familias de 19 apartamentos, unas cincuenta personas.
Margarita Romero se desmayó el lunes cuando llegaron dos agentes la policía con la notificación a su casa, «por el estrés y los medicamentos de la operación», explica postrada en el sofá de su casa. Desde que le intervinieron una rodilla el 23 de junio, y mientras su marido trabaja, su hija acude cada mañana para cuidarla, antes de su jornada laboral, y después a la hora del almuerzo.
«Los policías se portaron muy bien, llamaron a la ambulancia y los sanitarios me atendieron estupendamente», destaca Romero. No obstante, ese mismo día volvió una patrulla con otra notificación y, el martes, se repitió hasta tres veces la entrega del mismo decreto de alcaldía. «Me dijeron que les ordenaron venir, pero para mí hay un límite y yo creo que cinco visitas en dos días ya es acoso», lamenta.
Su vecina Anisa Mohamed es una de las que no ha sido notificada oficialmente, ya que el documento estaba a nombre de «Marta». «Le dije al policía que aquí no vive nadie con ese nombre, me pidió el DNI y su compañero seguía preguntándome si no era yo Marta». Al día siguiente, volvieron con otra a nombre de Tomás, pero su marido, con el que le queda pagar la mitad de la hipoteca, se llama Eduardo.
Otra vecina ha recibido, por segunda vez, la notificación a nombre su madre, fallecida el año pasado. «Yo no sé si lo que quieren es poner más tensión, hostigarnos y coaccionarnos, porque cuando vamos a pagar el catastro sí que tienen nuestros nombres correctos», critica Mohamed.
