El control del espacio aéreo de las aeronaves intrusas que sobrevuelan las islas constituye la principal misión de estos especialistas. Los drones de la Policía Nacional permiten una vigilancia discreta desde el aire. Al mismo tiempo, nuevos dispositivos permiten inhibir algunos de estos aparatos potencialmente seguros, ponerse a los mandos de ellos y dirigirlos a una zona segura. Las aplicaciones de un dron son múltiples. También en el ámbito delictivo, que es lo que se combate.
Vigilancia desde el aire, perseguir la presencia de aeronaves no autorizadas o interceptarlas en caso de que supongan un serio riesgo. Estas son las principales misiones encomendadas a la Unidad de especialistas en Seguridad y Protección aérea de la Policía Nacional. Los drones policiales tienen una gran utilidad para determinadas actuaciones. Al mismo tiempo, se supervisa que otros aparatos no autorizados supongan un riesgo potencial desde el aire.
Esta nueva unidad policial se dedica a supervisar las actuaciones realizadas con drones que puedan suponer un riesgo potencial para la seguridad ciudadana. Escopetas de inhibidores de frecuencia consiguen neutralizar estas aeronaves intrusas que puedan suponer una amenaza tanto para los bienes como para las personas. Además, se han implantado sistemas de detección de estos aparatos a varios kilómetros de distancia.
Los drones permiten realizar operaciones policiales especializadas impensables hasta hace poco tiempo. Máxime si lo que se persigue que este dispositivo otee lo que ocurre desde el aire y pase completamente desapercibido. La Jefatura Superior de Policía de Baleares cuenta ahora mismo con tres aeronaves. No obstante se irán incorporando más en función de la necesidad.
Tres drones ilegales al día
«Todo lo que la mente pueda imaginar, prácticamente se podría realizar con un dron», subrayó ayer el inspector Rafael Pedrosa durante la puesta de largo de esta Unidad en es Baluard. Respecto a las aeronaves policiales, su función principal es la vigilancia y su autonomía ronda los 25 minutos, aunque varía en función del tiempo.
«Hay muchísimo uso ilegal. De lo que podemos detectar, nos encontramos con dos o tres drones diarios», indicó. Los usuarios se exponen a multas que oscilan entre los 60 y los 225.000 euros si ponen en serio riesgo la seguridad aérea, como sucedió el pasado 24 de julio, en que la presencia de un dron en el espacio aéreo del aeropuerto de Ibiza obligó a paralizar la salida de vuelos durante una hora.
