La directora general de Salud Pública de Baleares, Maria Antònia Font, está siendo investigada por un juzgado de Palma por un presunto delito de prevaricación y detención ilegal. Font fue la alto cargo del Govern que ordenó el “confinamiento forzoso y bajo custodia policial” de unos 270 estudiantes que se encontraban en Mallorca a finales de junio en el Hotel Palma Bellver y se vieron afectados por un macrobrote de covid mientras pasaban sus vacaciones en la isla. La directora general ha sido citada a declarar ante la magistrada que instruye el caso en calidad de investigada el próximo 7 de septiembre.
El titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma, ante el que fue presentada una querella contra la directora general, en un auto de principios de este mes considera que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación, detención ilegal y otro”. Por todo ello, ordenó “incoar diligencias previas” e investigar lo ocurrido a partir del 25 de junio pasado, cuando varias decenas de estudiantes de la península que se encontraban alojados en hoteles de la Playa de Palma fueron trasladados por la Policía hasta el hotel covid en el Paseo Marítimo palmesano. Posteriormente, el magistrado se inhibió en favor del juzgado número 12, que también instruía otras querellas por los mismos hechos. Finalmente, será la titular de este juzgado la que tomará declaración a la directora general de Salud Pública.
Los padres de algunos de estos jóvenes alegaron que sus hijos estaban siendo trasladados sin su autorización al Hotel Palma Bellver, donde deben guardar cuarentena los turistas que dan positivo en Mallorca. Hubo progenitores que presentaron un ‘habeas corpus’ ante el juzgado de guardia, aunque todos fueron desestimados. Posteriormente, una jueza de lo contencioso tumbó parte de la resolución de la directora general que ordenó el internamiento forzoso de los estudiantes, concluyendo que no era proporcionada. La falta de cobertura legal ha dado pie ahora a que prospere la querella penal contra Maria Antònia Font, sin perjuicio de que se termine imputando a otras personas.
