De la misma manera que el escritor checo Franz Kafka imaginó un castillo por el que circulaba un laberinto misterioso de funcionarios y por donde se extraviaban las comunicaciones oficiales, las administraciones pitiusas experimentan algo parecido cuando envían sus proyectos a las instancias oficiales del Estado. Los documentos son engullidos por el magma administrativo y, a partir de entonces, toca armarse de paciencia y recurrir al socorrido tópico que afirma que las cosas de palacio van despacio.
En el año 2016 el Ayuntamiento de Ibiza redactó un proyecto de recuperación ambiental de la bahía de Talamanca que incluía la instalación de 98 puntos de fondeos ecológicos para barcos de entre siete y treinta metros de eslora, así como servicios de recogida de residuos y sentinas. En 2018, el alcalde de Vila, Rafa Ruiz, se reunió con Demarcación de Costas de Balears -que depende del Ministerio para la Transición Ecológica- para pedir celeridad en la tramitación. La siguiente noticia se produjo en mayo de 2019, cuando Costas sacó a información pública el proyecto. Desde entonces, silencio administrativo.
«Hemos llamado al Ministerio y nos dice que el trámite sigue adelante», informa el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibiza, Jordi Salewski, quien se resiste a caer en el pesimismo: «Hemos preguntado y nos aseguran que el proyecto está vivo». El concejal informa de que el Ministerio de Transición Ecológica pidió nuevos documentos y realizó unas consultas de carácter técnico, y que ahora están pendientes de la resolución.
Pasan los años y la degradación de la pradera de posidonia en Talamanca prosigue, ajena a los laberintos administrativos, pero el Ayuntamiento no pierde la esperanza: «Solucionar el problema de la bahía de Talamanca es una prioridad, pero el Ministerio resuelve cuando quiere», explica Salewski.
Cala Vedella
El concejal de Playas josepí, Josep Guasch, comprende perfectamente las penas de Salewski y también vive en carne propia el peculiar ritmo de tramitación del Ministerio de Transición Ecológica. El Ayuntamiento de Sant Josep solicitó en el año 2019 a Demarcación de Costas una concesión por un periodo de 50 años para crear un campo de boyas ecológicas en Cala Vedella. Al igual que en Talamanca, la actuación es urgente porque la masificación veraniega de yates y los fondeos irregulares suponen una amenaza a la posidonia de esta zona de litoral que, además, forma parte de la red de espacios protegidos Red Natura 2000.
Desde entonces, Sant Josep espera, porque otro remedio no hay: «Madrid está muy lejos de Ibiza», sentencia Guasch con fatalismo, y admite que «cuando empieza el camino de la burocracia en el Ministerio, esto ya escapa de nuestras manos». El concejal reconoce que estaba mentalizado de que la tramitación sería muy larga, ya que «cuando se trata de concesiones para tantos años, como es este caso, el proceso es muy lento».
Mientras que los expedientes siguen su parsimonioso camino, Talamanca sufre un nuevo verano con la bahía atestada de embarcaciones. Desde la asociación de vecinos se ha enviado diversos correos al ministerio de Transición Ecológica denunciando la presencia de megayates fondeados sobre las praderas de posidonia, y reclaman medidas de control.
Quejas de los vecinos
«Recibimos una respuesta del ministerio en la que nos dice que la limitación de amarres es competencia del Govern», explica Ana Lledó, presidenta de la asociación de vecinos, «la sensación es que las administraciones se pasan la pelota y todo está bloqueado», y ha reclamado «dinero, herramientas y personal para salvar la bahía».
Siete expedientes por fondear demanera irregular
La potestad de control y sanción por fondeos irregulares pertenece a la conselleria de Medio Ambiente del Govern. El servicio de vigilancia de la posidonia dispone de cinco barcas -tres en Ibiza, dos en Formentera- que entre el 15 de mayo y hasta el 30 de septiembre realizan tareas de información y asesoramiento a los patrones de las embarcaciones que están fondeadas en lugares inadecuados. «La filosofía es informar y concienciar», explican desde Medio Ambiente, que recuerdan que los vigilantes no tienen capacidad sancionadora, sino que corresponde a la Dirección General de Espacios Naturales. En el año 2020, se abrieron siete actas en Ibiza por embarcaciones mal fondeadas, y su tramitación se puede prolongar durante todo un año: «Es un proceso muy garantista».
