El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, anunció ayer la intención del equipo de gobierno de llevar este mes a pleno la aprobación inicial de una nueva ordenanza de ocupación de la vía pública, que regula las terrazas y los expositores de los negocios del municipio, entre otras cosas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) haya anulado por un defecto de forma en su tramitación la que aprobó el anterior gobierno progresista (PSOE, Reinicia y PI).
En concreto, el tribunal balear ha tumbado la ordenanza de 2017, a raíz del contencioso presentado por varios empresarios de locales de ocio de la zona del West End, por «el defecto sustancial» que supone que, antes de su aprobación inicial, no se hiciera una consulta pública previa a los posibles afectados por la normativa, tal como prevé la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas de 2015.
Los empresarios del West End recurrieron esta normativa porque, entre otras cosas, limitaba la actividad de las terrazas de sus locales (los que tienen actividad musical) hasta la medianoche. En todo caso, esta limitación ya no estaba en vigor después de que el año pasado el nuevo equipo de gobierno ampliase el horario de la actividad externa de estos establecimientos hasta las dos de la madrugada, con media hora de margen para la retirada de las sillas y mesas, a través de la normativa que regula la zona de protección acústica especial del West End.
El Consistorio no recurrirá
Serra explicó que el Ayuntamiento renuncia a recurrir la sentencia del tribunal balear porque ya estaba prevista la aprobación de la nueva ordenanza, en la que se ampliará el horario de las terrazas de los locales del Passeig de ses Fonts también hasta las dos de la madrugada.
Hay que tener en cuenta que, aunque la ordenanza ahora anulada regulaba el horario de cierre en la medianoche, cada año, incluso en el pasado mandato, el alcalde emite un decreto en el que permite la actividad en esta zona del núcleo urbano hasta las dos de la madrugada. Ahora quedará recogido en la nueva ordenanza, según Serra.
También se modificarán otras cuestiones, como la altura de las sombrillas, el número de sillas o su ubicación, así como el régimen de sanciones ya que, según el alcalde, el que recoge la ordenanza aún en vigor es «desproporcionado». Serra justifica que se han recogido «las quejas» de empresarios.
El alcalde también asegura que «hace un par de semanas» ya se hizo la consulta previa a la que obliga la nueva ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y que ha provocado la anulación de la ordenanza actual. En la sentencia, el tribunal balear no impone al Ayuntamiento el pago de las costas por ser «un debate novedoso jurídicamente dudoso».
Mientras no se apruebe definitivamente la nueva ordenanza (este mes se llevará a pleno la aprobación inicial, a lo que seguirá un periodo de exposición pública y presentación de alegaciones), se aplicará la anterior a la de 2017.
