En los apartamentos Don Pepe reinaba ayer una calma absoluta, aunque las numerosas pancartas que cuelgan de los balcones recuerdan la tensión vivida en las últimas jornadas. En el bloque A siguen residiendo una treintena de personas, después de que el Ayuntamiento parara el martes la orden de desalojo hasta que la Justicia se pronuncie ante la medida cautelarísima solicitada por la comunidad.
«Los vecinos estamos más tranquilos, aunque conscientes de que esto es un respiro y tenemos que esperar la decisión del juez», señalaba la presidenta de la comunidad, Silvia Hernández. No obstante, también avanza que seguirán con las acciones de protesta y divulgación del peligro de perder sus domicilios «porque pesa aún sobre los propietarios el expediente de ruina».
Lejos de los tres centenares de personas que secundaron el lunes la concentración de protesta, poco antes del mediodía de ayer solo se observaba algún vecino a cuentagotas. «Al menos hemos podido dormir mejor, vemos que se nos está escuchando y se nos ha bajado el nivel de estrés, porque ahora sabemos que un juez decidirá si de verdad existe un riesgo inminente y si tenemos que abandonar o no nuestras casas ahora», explicaba Cristina Otero, poco antes de salir de su casa.
Acciones legales
A margen de esta tregua y de las acciones emprendidas por el abogado de la comunidad, que también ha recurrido el expediente de declaración de ruina, los vecinos insisten en que seguirán presionando para «contar con el apoyo de todos los ibicencos, que cada vez entienden más este problema», subraya Otero.
En este sentido, advierte un cambio de actitud con la paralización del desalojo por parte de Sant Josep. «Antes todo era unilateral y solo había declaraciones de una de las partes que estamos en conflicto, pero ahora creo que nuestros argumentos están empezando a ganar peso entre la sociedad».
De igual manera, Otero destaca que «no está tan claro que el edificio no pueda rehabilitarse porque está fuera de ordenación, porque ha habido otros casos de edificios que han podido legalizarse».
«La verdad es que con todo lo que ha pasado en este último año, tampoco nos esperamos nada del Ayuntamiento y no vamos a dejar nuestras movilizaciones»
Al contrario que el otro edificio que forma parte de esta urbanización, en el Ayuntamiento no consta la licencia de construcción del bloque A de 1964, que sería necesaria para permitir la rehabilitación que plantean llevar a cabo los propietarios.
Otro joven vecino, Juan Ricardo Jordán, aparece en el aparcamiento y confiesa su escepticismo ante las próximas actuaciones municipales. «La verdad es que con todo lo que ha pasado en este último año, tampoco nos esperamos nada del Ayuntamiento y no vamos a dejar nuestras movilizaciones». Su familia, de cuatro miembros, es propietaria de uno de los apartamentos de las tres escaleras que la semana pasada ordenó desalojar el Ayuntamiento, después de que en junio del año pasado evacuara las otras dos, después de desprenderse un trozo del techo de un cuarto piso. «Seguimos con la misma amenaza, pero a esta incertidumbre le acompaña la seguridad de que hemos actuado bien y de que un juez lo puede comprobar», concluye Jordán.
Margarete Romero se dirige al hospital, donde tienen que revisarle el brazo que le han operado recientemente. Indica que las molestias en su extremidad se intensificaron «con todo este follón». «Me he agobiado muchísimo y me siento cansada y muy machacada». «Aparentemente, tranquiliza un poco [la paralización temporal del desalojo], pero a ver qué pasa después», se resigna.
