Un año después de los primeros desalojos en los apartamentos Don Pepe, dos vecinos de las escaleras 1 y 2 explican el proceso que les tocó sufrir entonces y su experiencia hasta encontrar un nuevo domicilio. En una urbanización de familias de clase trabajadora, los afectados siguen pagando las hipotecas por unas viviendas que temen que acaben demolidas, a la vez que deben hacerse cargo del pago del alquiler en sus actuales residencias. Además de los apuros económicos en un momento de crisis, aún no han superado el golpe psicológico.
El mediodía del 4 de junio del año pasado, Nancy recibía la notificación de que, esa misma tarde, su familia debía abandonar su domicilio, al igual que el resto de vecinos de la escalera 1 del bloque A de los apartamentos Don Pepe. Tres días antes, se produjo un desprendimiento del forjado en su piso. «Entonces, me pareció lógico, porque nos dijeron que había peligro inminente» recuerda. Así que recogió «cuatro cosas personales en cuatro horas».
Junto a su marido y sus dos hijas fueron realojados en los apartamentos Bon Sol de Platja d’en Bossa. Sus dos perros fueron acogidos en casas de amigos. El Ayuntamiento de Sant Josep se hacía cargo de dos meses de hospedaje, mientras buscaban un piso de alquiler. «Como estábamos en plena pandemia, pudimos encontrar un piso apañado para el mes de agosto».
Tocaba recoger todas sus pertenencias del cuarto piso del Don Pepe para la mudanza, donde ella y su marido son los propietarios de los dos apartamentos. El regreso le causó tal impacto que todavía sufre las consecuencias. «Mi casa estaba toda apuntalada y llena de agujeros. Estaba sola, porque mi marido venía después, y me entraron todos los males».
Desde entonces, solo se ha atrevido a volver a es Codolar para darse un baño con su hija pequeña. «Se me revuelve el estómago cuando voy pensando en lo del año pasado», confiesa.
Crisis económica
El desalojo, en plena pandemia, coincidió con el parón de la actividad económica. El Ayuntamiento les ayudó con la fianza y la primera mensualidad del piso que encontraron, «tras demostrar que nos habíamos quedado sin ingresos». «Estuve en ERTE un mes, me sacaron y luego me quedé sin trabajo. Solo tenía cuatro horas semanales como monitora de gimnasio». Su pareja trabajó en julio y agosto, luego quedó en ERTE.
En todo momento, han seguido pagando las dos hipotecas de ambos apartamentos del Don Pepe, impuestos y el alquiler de su nuevo domicilio. «Fueron unos meses muy duros, con muy pocos ingresos, y tuvimos que pedir dinero a familiares».
«Tomo pastillas para dormir, recetadas por el médico, y mi marido sufre ansiedad»
Con el paso del tiempo, y a medida que se han aliviado las restricciones, han ido recuperando su actividad y cierta normalidad. «Ahora ya estamos más o menos instalados, en el nuevo piso, y el mal trago del año pasado ya se ha superado». Pero su voz aún transmite tristeza cuando explica que su hija mayor pasó días llorando tras el desalojo. «La pequeña, que tenía cuatro años, no paraba de decir que quería volver a casa, que allí tenía todas sus cosas». También persiste el impacto psicológico. «Tomo pastillas para dormir, recetadas por el médico, y mi marido sufre ansiedad».
Un año después, la incertidumbre por el futuro de sus dos apartamentos no solo no se ha disipado, sino que ahora observa cómo a los vecinos de las tres escaleras que siguieron habitadas en su bloque les toca pasar por el mismo trance. «Lo paso mal por ellos y, si sacan a más gente de allí, significa que avanza [el plan de demolición del Ayuntamiento]».
«Lo único que pedimos es que nos den el permiso de obra para rehabilitar el edificio, pero nos quieren fuera de allí». Nancy no concibe que se diga que el bloque A del Don Pepe se encuentra fuera de ordenación. «Hemos comprado los dos pisos a través de una inmobiliaria, los bancos nos lo dan legalizado, pagamos IBI y, hace seis años, dieron a AENA los permisos para cambiarnos las ventanas. ¿Cómo podemos ser ilegales?».
«No tienen empatía»
X es un vecino que prefiere mantener el anonimato por el mal trago que sigue pasando. Pasó por el mismo proceso que Nancy, pero veinte días después, cuando se ordenó el desalojo de la escalera dos del bloque A. Él fue de los que recurrió a la justicia después de los dos meses de amparo en los Bon Sol. «Una orden judicial dice que nos tenían que realojar, estaban respaldados para gastar dinero público y van y lo recurren. No tienen ninguna empatía con nosotros», lamenta. «Mi mujer sufre depresión desde entonces».
El Ayuntamiento ayudó con tres meses de alquiler a su familia. Sus ingresos se desplomaron, ya que estaba en ERTE «con cuatro horas de trabajo a la semana». «Tuvimos que subsistir con el sueldo de mi mujer, que es mileurista». Tras el desalojo, dejaron todas sus pertenencias en un trastero, por el que pagaron 200 euros mensuales durante ocho meses.
Finalmente, encontraron un piso de alquiler, con una renta de 700 euros al mes, un gasto que se suma a los 600 de hipoteca. «Aún me quedan 96.000 euros por pagar al banco y, con lo que nos ofrece el Ayuntamiento, tocaremos a unos 17.000 euros. Se llenan la boca con los dos millones de compensación, pero no queremos ni un duro. Solo pedimos que nos dejen restaurar», insiste.
