El Ayuntamiento de Ibiza poco puede hacer para controlar la proliferación de caravanas y furgonetas ‘camperizadas’ a la entrada de Vila, en Cas Dominguets, frente al Recinto Ferial, por tratarse de un terreno privado y, además, urbano, según justificó ayer la edil de Policía Local, Rosa María Rubio, ante la moción de control defendida por el concejal popular Ignacio García.
García recordó que se trata de «un fenómeno cada vez más habitual», al ser la única «alternativa que le queda a mucha gente a consecuencia del precio del alquiler de la vivienda, que hace imposible a muchas personas poder asumir la renta mensual». Llama la atención, dijo, «el número de vehículos que se concentran en todo el perímetro de la E-10 y también en los parkings disuasorios adyacentes a la misma, llegando a formar una comunidad de vecinos pero sin las infraestructuras necesarias como el tratamiento de aguas residuales y el agua para uso doméstico».
Desde el año 2016 se ha denunciado a 4.254 caravanas por aparcar en estacionamientos disuasorios públicos
Ante la pregunta de qué medidas está adoptando el Ayuntamiento ante el crecimiento de esos poblados de caravanas, Rubio explicó que tanto las ordenanzas como el Plan Territorial Insular hablan de prohibir esa actividad en espacios públicos, no en privados. Y Cas Dominguets, donde más hay en la actualidad, «es suelo privado». Y además es urbano, «no rústico, donde estaría prohibido estacionar caravanas» según la normativa del Consell.
El Consistorio sólo puede sancionar el uso de aparcamientos públicos disuasorios por esas autocaravanas, caravanas o furgonetas ‘camperizadas’ (hay incluso turismos ‘camperizados’). Si lo hacen en suelo privado, el problema es del propietario: «La cosa se complica en terrenos privados, donde legalmente no podemos intervenir», advirtió. Al respecto, Rubio indicó que el Ayuntamiento «ha «colaborado» en una zona privada con la propiedad «para que pueda vallarla y se evite la entrada de esos vehículos». También podría sancionar que se duerma en plena calle dentro de esas caravanas, «pero es difícil demostrarlo», reconoció.
Aun así, «no son pocas las denuncias efectuadas», se consoló la concejala: 4.254 por vulnerar «la señalización de prohibición de aparcar en estacionamientos disuasorios públicos, que sólo pueden ser ocupados por turismos, desde el año 2016». De media, son 850 por año, más de dos por día. Además, hay 44 denuncias por acampar, de las que 28 fueron interpuestas en los dos últimos años (alrededor de dos por mes).
Mociones: 500.000 euros en ayudas al alquiler
El pleno aprobó de forma inicial las bases específicas reguladoras de las ayudas al alquiler en el municipio para 2021. Ascienden a 500.000 euros y tratan de paliar los efectos del encarecimiento del alquiler. El alquiler máximo subvencionable es de 1.200 euros.
Una temporalidad «rampante»
El portavoz del PP, José Vicente Marí Bosó, avisó de la «temporalidad rampante» en el Consistorio: «Hay muchos contratos temporales encadenados. En 2018, la tasa de temporalidad era del 23,5%; del 31,8% en 2019, y del 36% en 2020. Aumenta. El propio Miquel Iceta, ministro Política Territorial y Función Pública, propone reducirlo al 8% en tres años, mientras ustedes lo incrementan», reprochó el edil al equipo de gobierno.
El PP considera que esa situación es el resultado de «la política de vivienda inexistente» del Consistorio. Ignacio García afirmó que el Ayuntamiento es «responsable de dar una alternativa habitacional a esa gente», que no tiene más remedio que vivir en esas condiciones. «Puede llegar a ser un mal endémico. Hay que buscar una solución», recalcó el edil. Comparten esa preocupación en Ciudadanos. Según Roberto Algaba, «a la larga puede ser un problemón». Algaba propuso al Ayuntamiento hacer «lo posible para que el día de mañana las calles no se llenen de caravanas que acaben convertidas en infraviviendas». La socialista Rubio, por su parte, señaló que se trata de «un problema insular, no municipal», y recordó que Vicent Marí, presidente del Consell, «dijo hace dos años que regularía la entrada de este tipo de vehículos».
Se suspenden las tasas por la ocupación de la vía pública
No se cobrará a casetas, atracciones ni rodajes cinematográficos hasta el 31 de diciembre. En la sesión plenaria se decidió aprobar, por unanimidad, la suspensión de la aplicación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas de barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones situadas en terrenos públicos, así como de rodajes cinematográficos. La edil de Hacienda, Trabajo y Formación, Estefanía Torres, explicó que se trata de «medidas para mitigar los efectos económicos y sociales en ese sector y paliar las pérdidas». Torres reconoció que las medidas restrictivas aplicadas para combatir la pandemia «han supuesto un impacto económico muy grave». De ahí que, además, se aprobara en el pleno la suspensión de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por ocupación con mesas y sillas de suelo público. En ambos casos, la suspensión se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2021». Tanto Ciudadanos como el Partido Popular dieron su apoyo. José Vicente Marí Bosó (PP) dio la enhorabuena al equipo de gobierno por dos motivos: «Porque beneficia a los ciudadanos y porque sabemos que este tipo de medidas les cuesta mucho». «Las medidas para impulsar actividades económicas no nos cuestan nada y ya las tomamos en 2020», le recordó Torres.
También se dio el visto bueno de forma definitiva a la modificación del contrato de gestión de servicio público de recogida de residuos con Valoriza, con el fin de implantar el servicio de recogida de fracción orgánica. El edil de Medio Ambiente, Jordi Salewski, comentó que mañana acaba la implantación de los contenedores de orgánica en la ciudad, y reconoció, tras la insinuación formulada desde Cs, que «la accesibilidad de los contenedores sigue siendo una asignatura pendiente», por ser muy altos.
En el pleno se supo que el excedente de recaudación anual de la ORA fue de 153.976 euros entre el 1 marzo de 2020 y el 28 febrero de 2021, lo que demuestra, según Cs, que su fin «es impositivo».
