Una prueba de PCR no podrá costar más de 75 euros, y una de antígenos tendrá su precio limitado a los 30 euros a partir de mañana, después de que el Govern aprobara ayer un decreto ley que modifica la ley de Salud Pública con el fin de poder mantener las medidas para el control de la pandemia, como el toque de queda o las limitaciones en las reuniones sociales, según anunció ayer la presidenta Francina Armengol. Además, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de poder fijar colectivos para los que la vacunación sea obligatoria.
La intención principal del Govern es contar con la herramienta que le permita mantener medidas que afectan a derechos fundamentales, como el toque de queda, los controles en puertos y aeropuertos, las restricciones en las reuniones sociales, el límite de aforo en los lugares de culto o los confinamientos perimetrales, aunque condicionado a que reciban el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Pero las principales novedades son la aplicación a partir de mañana de límites en el precio de las pruebas PCR y de antígenos, que se consideran claves tanto para la movilidad de los isleños como para el retorno a sus países de muchos turistas.
A ello se suma el que se puedan fijar grupos de personas para los que la vacunación sea obligatoria, aunque éstos todavía no están definidos, y se marcan sanciones para aquellos que incumplan las medidas fijadas para hacer frente a la covid-19, que pueden ir de los 100 a los 3.000 euros en las infracciones leves, de los 3.000 a los 60.000 en la graves, y de 60.000 a 300.000 en las muy graves. Estas sanciones serán también aplicables a los que incumplan la exigencia de contar con pruebas negativas en su paso por puertos y aeropuertos.
Francina Armengol señaló que estas medidas se llevarán al Parlament para su tramitación.
