El Ayuntamiento de Ibiza permitirá que los empresarios y autónomos que tengan deudas con la Administración puedan acceder a las ayudas, por valor de 1,9 millones, que se ofrecerán próximamente para compensar en parte la caída de la actividad por culpa de la crisis sanitaria. A propuesta del grupo el PP, el pleno del Consistorio ha aprobado esta mañana eliminar, en las convocatorias de subvenciones por la pandemia, el requisito de que los solicitantes no debe tener ningún pago pendiente con las instituciones pública: el Estado, la Comunitat Autònoma y el Ayuntamiento.
El PP también pedía que en el caso de que el empresario que solicita una ayuda tenga una deuda municipal, ésta se compense con la misma subvención. La concejala de Hacienda, Estefanía Torres, ha señalado que este punto era «contradictorio» con el primero y, además, no afectaría a la deuda con otras administraciones, sólo con el Ayuntamiento. En todo caso , la edil ha remarcado que «se hará lo que marca la legislación vigente».
Torres ha destacado que, hasta ayer, «el Consell obligaba a los ayuntamientos» a introducir este criterio (la obligación de que los solicitantes no tengan deudas con las administraciones) en las bases de la convocatoria de esta ayuda, que se financia con aportaciones del Govern balear, la institución insular y los municipios y, que, por ejemplo, Santa Eulària así lo ha hecho.
La coalición de gobierno municipal ha rechazado también otra propuesta del PP para poner en marcha unos bonos de descuento, subvencionados por el Ayuntamiento entre junio y septiembre, con un presupuesto de 4,2 millones, de aplicación en cinco categorías: comercio (1,1 millones), establecimientos turísticos (700.000 euros), hostelería (1,6 millones), deportes (350.000 euros) y cultura (250.000 euros). La concejala de Comercio, Dessiré Ruiz, ha recodado que el Ayuntamiento ya participa en la campaña de descuentos impulsada por el Consell Som Comerç y ha lamentado que el PP se haya negado a negociar alternativas a su propuesta. Ha asegurado que el equipo de gobierno pondrá en marcha una iniciativa de este tipo, aunque no ha dado ningún detalle sobre la misma; en todo caso, no se activará hasta que se hayan entregado las ayudas (1,9 millones) pendientes a pequeños empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria.
Pasaporte sanitario municipal
Además, el equipo de gobierno ha rechazado la propuesta de Ciudadanos de «estudiar» la posibilidad de poner en marcha en Vila un pasaporte sanitario para acceder de forma segura a los comercios y servicios que ofrece la ciudad. Los ciudadanos estarían obligados a mostrar con un papel o código QR que en los tres días previos habían obtenido un test de antígenos negativos. El primer teniente de alcalde, Aitor Morrás, ha defendido que esta propuesta es «inviable» porque se deberían hacer pruebas cada tres días a los 50.000 residentes de Vila y a los 30.000-40.000 residentes en otros municipios que a diario pasan por la ciudad, lo cual, subrayó es «inabarcable». «No hace falta tener un máster como los que se saca Casado [el líder nacional del PP] para saberlo, ha destacado Morrás durante el pleno.
Situación urbanística del puerto
Por otra parte, en respuesta a una moción control del PP sobre la legalidad de edificaciones en el puerto, la concejala de Urbanismo, Elena López, ha informado de que el Ayuntamiento tiene abiertos 14 expedientes por «incumplimiento de la normativa», pero no ha especificado más. Ha asegurado que «la situación urbanística del puerto es compleja desde hace años», en concreto desde que en 1999 cayó el plan especial del puerto. Tampoco existe la delimitación de espacios y usos del puerto. Los dos documentos de planificación ya se están tramitando: el primero ya está en Medio Ambiente y el segundo en «su recta final», según López.
¿Qué pretenden? ¿Que vayamos a saco, ustedes [el PP] que defienden tanto a los empresarios, y con la que está cayendo tratemos la falta de ordenación como un crimen y obliguemos a cerrar persianas y echar a gente?
Precisamente, la concejal socialista ha asegurado que la falta de dichas herramientas de planificación retrasan el desarrollo de las actuaciones planificadas en «la hoja de ruta sobre el futuro del puerto» pactada entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria en 2016: el aparcamiento soterrado y la nueva estación de Formentera.
La concejal de Urbanismo ha comparado la situación del puerto de Eivissa con la de algunos «polígonos industriales u otras zonas de la isla que requieren de un plan especial y no lo tienen». «Tener un problema de ordenación no es sinónimo de que las cosas se han hecho mal o algunos temas que se insinúan», ha dicho en referencia a las informaciones publicadas por Periódico de Ibiza. «Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de la ciudad por encima de otros particulares. No sé si ustedes [el PP] están en este punto. ¿Qué pretenden? ¿Qué vayamos a saco, ustedes que defienden tanto a los empresarios, y con la que está cayendo tratemos la falta de ordenación como un crimen y obliguemos cerrar persianas y echar a la gente?», ha cuestionado López.
El portavoz del PP, Vicente Marí Bosó, ha señalado que no quería hacer política con unas cuestiones jurídicas que, en el caso del espacio portuario, «son interpretables», pero ha lamentado que el equipo de gobierno no haya aclarado si las actuaciones que se llevan a cabo en este ámbito precisan o no la concesión de una licencia por parte del Ayuntamiento.
