El Ayuntamiento de Sant Josep da un plazo de dos meses para el derribo de la estructura de la promoción de viviendas Vadella 24 cuyas obras están paralizadas desde octubre de 2019 porque la edificación se emplaza, sin la correspondiente autorización de la dirección general de Recursos Hídricos del Govern balear, en la desembocadura de un torrente, justo detrás de la playa de Cala Vedella. Sin embargo, el acuerdo de la junta de gobierno de Sant Josep que obliga a restablecer la legalidad se debe a que el titular de la licencia municipal de obras (la mercantil Atika del Noroeste SL), concedida en 2001, no es la que ejecuta esta promoción (la propiedad del terreno, la entidad Vadella Mediterranean Homes SL) y se niega a cederle los derechos del permiso de construcción. Pese a ello, en su momento, la promotora y propietaria del terreno comunicó al Ayuntamiento su adhesión a los derechos de la licencia.
El criterio del Consistorio es que la licencia no es inherente al terreno y, por tanto, la propiedad no puede hacer uso de la misma si no está a su nombre u obtiene los derechos mediante una cesión. Atika del Noroeste SL denunció en el Ayuntamiento que no sólo se ejecutaban las obras al amparo de una licencia a su nombre pese a que no había dado ninguna autorización para ello, sino que incluso la promotora ya había vendido a terceros 15 viviendas de la futura promoción.
El criterio del Consistorio es que la licencia no es inherente al terreno y, por tanto, la propiedad no puede hacer uso de la misma si no está a su nombre u obtiene los derechos mediante una cesión
La instructora del expediente califica de grave la ejecución de las obras sin el derecho de uso de la licencia. A principios del pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento dictó propuesta de restablecimiento de la legalidad (se notificó a Vadella Mediterranean Homes SL el día 11 de ese mes), pero la promotora no sólo no lo ha hecho sino que ni siquiera presentó alegaciones contra ello. La resolución municipal señala que la promotora tenía un plazo de dos meses para hacerlo y, por ello, procede el derribo de lo construido hasta ahora.
El titular denunció que no autorizó al promotor el uso de su licencia y que además ya se han vendido 15 viviendas
En vez de alegar ante el Ayuntamiento, la promotora acudió directamente a los juzgados y presentó un recurso contencioso administrativo contra el decreto (el del inicio del expediente de restablecimiento de la legalidad) en el que se desestimaba el recurso de reposición contra la orden de suspensión de las obras.
El Consistorio advierte al promotor de que si no echa abajo la construcción en un plazo de dos meses, le impondrá 12 multas coercitivas, con una periodicidad mínima de un mes por un valor del 10% del coste de las obras desarrolladas hasta ahora.
Al margen, la dirección general de Recursos Hídricos tiene abierto otro expediente de infracción porque las obras se ubican en la desembocadura del torrente sin su autorización. En este caso, el Consistorio defiende que no se trata de un torrente, sino un canal y que, por ello, esta licencia de obras no estaba sujeta al permiso previo de la autoridad hidráulica de la Comunitat Autònoma.
Si Recursos Hídricos concluye que, en verdad, es un torrente, instará al Ayuntamiento a que tramite la anulación de la licencia, por lo que, aparte del derribo, se enfrentará a una indemnización.
La propiedad sostiene que el titular exigía «800.000 euros» por la cesión de la licencia
El Ayuntamiento concedió en 2001, con un proyecto de la arquitecta Pilar Fernández, condenada por el caso Huerta, una licencia para la construcción de dos edificios, con un total de 20 apartamentos, 28 estudios-locales, piscina y aparcamiento público. Uno de los edificios, situado en una esquina de la playa de Cala Vedella ya está ejecutado (25 estudios y cinco locales) por parte de Atika del Noroeste y cuenta con final de obra parcial. El agente urbanizador de Cala Vedella (UMSA) vendió el solar de la promoción Vadella 24 a Vadella Mediterranean Home S.L. para ejecutar la segunda fase del proyecto, pero el titular de la licencia es Atika del Noroeste y no ha accedido a ceder su uso. El titular del permiso advirtió a la propiedad de que no estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de estas obras (la Fiscalía investiga el riesgo de desplome del talud donde se encuentra el Club Aquarium a causa de las obras de Vadella 24). La propietaria del solar le respondió por vía notarial su oposición a abonar «la suma exorbitante de 800.000 euros por cesar en una actuación de acoso y perturbación». Defendía que cuando adquirió el terreno a UMSA era «con todo lo necesario, integrante y dependiente», lo cual, consideraba, incluía la licencia.
