La Policía Local de Sant Josep comprobó ayer que la actividad de extracción de tierra que se desarrolla en terrenos del Grupo de Empresas Matutes en Platja d’en Bossa, en la zona periférica de protección del Parque Natural de ses Salines, no cuenta con ninguna licencia o autorización.
Los agentes se personaron al mediodía en los terrenos donde desde hace al menos cinco años se desarrolla esta actividad para comprobar si cuenta con algún permiso. Un portavoz del Consistorio explicó que la Policía Local habló con un responsable de la empresa que comercializa la tierra, procedente de las obras de la autovía, y que, aparte de reconocer que no cuenta con licencia alguna, explicó que la finalidad es «mantener limpia» la finca y que, en todo caso, «no se supera el límite de excavación permitido».
El portavoz municipal informó de que durante la conversación con los agentes de la Policía Local el responsable de la empresa recibió una llamada telefónica, en la que su interlocutor le pedía que «suspendiera la actividad» hasta que este asunto se resuelva. El Ayuntamiento tenía previsto ordenar su paralización en el caso de que se confirmase que no existiera ningún permiso. Ahora, la Policía Local emitirá un informe de la inspección para que los servicios técnicos den curso al correspondiente trámite administrativo.
No se paraliza la actividad
A primera hora de la tarde toda la maquinaria que se halla en primera línea, visible desde la rotonda situada frente al hipódromo y la carretera de ses Salines, estaba paralizada. Sin embargo, la actividad no se había supendido porque en segunda línea había una excavadora trabajando, visible desde una de las entradas a la finca por la calle Gamba Roja.
El Ayuntamiento informó ayer de que desde hacía «un tiempo» estaba detrás de esta actividad y que hace unos días ya había decidido enviar a la Policía Local para que requiriera las posibles autorizaciones. La inspección se hizo el mismo día en que este diario publicaba las declaraciones del exalcalde de Sant Josep y nuevo conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, en las que manifestaba que «no puede ser» que en estos terrenos haya «una actividad industrial sin licencia». También dijo que «no hace mucho» se habló de ello en el equipo de gobierno municipal.
Acuerdo «a cambio de nada»
Sin embargo, Diario de Ibiza publicó en octubre de 2016 que desde hacía más de un año una empresa (Transportes Romero) retiraba y comercializaba parte de la tierra depositada en los terrenos donde el Grupo de Empresas Matutes proyectaba un campo de golf.
En ese momento, el Ayuntamiento, bajo la alcaldía de Josep Marí Ribas (el concejal de Urbanismo también era Ángel Luis Guerrero), aseguraba que era el Govern balear el que debía autorizar y supervisar si esta actividad cumplía la normativa. Se basaba en que estaba vinculada con las obras de la autovía. Por su parte, la conselleria balear de Territorio y Transportes pasaba a su vez la pelota al Consistorio y sostenía que esta actividad debía estar sujeta a una licencia municipal. Desde entonces, la salida de camiones cargados de tierra no ha cesado.
Según contaron entonces tanto un portavoz del Grupo de Empresas Matutes como el propietario de la empresa de transportes, José Romero, el acuerdo para extraer los áridos se hizo «a cambio de nada»; es decir, la propiedad no pedía contraprestación alguna por la retirada y comercialización de los áridos. José Romero explicaba entonces que la tierra se vendía para jardinería y otros usos.
El pacto del campo de golf
Después de que los grupos ecologistas y la plataforma antiautopista revelaran la existencia de un pacto entre Matutes y la constructora para destinar la tierra de las obras al campo de golf que se proyectaba en Platja d’en Bossa (confirmado posteriormente por el Supremo), el empresario y exministro Abel Matutes dio marcha atrás e inició una infructuosa batalla judicial para que se retiraran los áridos. Sólo ha logrado que los tribunales ordenen la evacuación de la tierra de dos fincas que quedaron fuera del pacto del campo de golf, además del cobro de una indemnización de un millón del Govern.
