El Tribunal Superior de Justicia (TSJB) ha dado un nuevo tirón de orejas al Ayuntamiento de Sant Josep por la demora en forzar la ejecución de la demolición de un garaje ilegal que invadía la calle Sageta (sin salida), en la zona de Can Fita, y cortaba el acceso de una vecina a un terreno de su propiedad, sin construir. La edificación ilegal se derribó, en dos tandas, a mediados de 2019, cuatro años después de la sentencia que ordenaba su ejecución, y después de que el juzgado forzara la demolición con la imposición incluso de una multa de 150 euros al edil de Urbanismo y próximo alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero.
El juzgado emitió un auto en agosto de 2019 en el que declaraba no ejecutada íntegramente la sentencia porque no se habían derribado ni la puerta ni las paredes del recinto en el que estaba el garaje. El Consistorio abrió otro expediente por este motivo, pero la propiedad no esperó y derribó por su cuenta estos elementos, no sin presentar un recurso contra el auto, en el que alegaba que en la sentencia que se acordó el derribo del garaje no se había analizado la legalidad de las paredes ni la puerta.
El TSJB desestimó el recurso el pasado mes de septiembre y, al no elevarse una apelación al Supremo, ha devenido firme el pasado día 8, con lo que este asunto ya ha quedado judicialmente cerrado.
Crítica al Ayuntamiento
En el auto desestimatorio, el tribunal dio un nuevo varapalo a Sant Josep por la tardanza en la ejecución del derribo: «El Ayuntamiento pudo y debió controlar que su orden de demolición se materializase desde julio de 2015, pero se han precisado numerosas peticiones de los interesados y resoluciones judiciales para que, en agosto de 2019, finalmente el conjunto de las instalaciones privadas que ocupaban una franja de terreno municipal fuesen retiradas», indica.
El auto agrega que fue necesaria «una larga tramitación judicial», por las reiteradas comunicaciones de la denunciante de que «las obras ilegales continuaban en pie», para que se derribasen. En concreto, entre julio de 2017 y julio de 2019, el juzgado emitió hasta cuatro requerimientos, incluida la multa coercitiva de 150 euros al concejal de Urbanismo.
Pese a que el Ayuntamiento inició un expediente de restauración de la legalidad para los muros y la puerta, el TSJB recuerda que la orden de demolición recaía sobre «unas obras ilegales sobre inmuebles demaniales que englobaban no sólo el espacio cerrado destinado a aparcar vehículos, sino también las paredes y la puerta que aislaban una franja de terreno público del acceso a la construcción».
