El Consell de Ibiza ha denegado la primera solicitud de 30 licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) obligase a la institución insular a tramitar algo más de medio millar de peticiones rechazadas hace unos años. Se trata de la petición de Ares Capital, una de las empresas más importantes del sector que opera con la plataforma Uber, y que ha sido desestimada porque el domicilio fiscal de los vehículos no se halla en Ibiza. Es un defecto de forma en la tramitación que, fuentes de la institución, apuntan que es «subsanable». Ares Capital puede presentar un recurso de alzada en el Consell antes de acudir, si fuera necesario, a los tribunales.

La negativa del Consell radica en que la orden que desarrolla el reglamento sobre el apartado de las VTC de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres especifica que el permiso de circulación de los vehículos con conductor debe estar domiciliado en el lugar donde obtengan la autorización para operar. En este caso, Ares Capital aporta 30 vehículos, que figuran a nombre de otra sociedad de OK Group, y que están domiciliados en Madrid. De hecho, Ares Capital ha arrendado a esta sociedad de OK Group durante un año, prorrogable en periodos mensuales, hasta dos años, los 30 coches con un coste de 150 euros al mes por cada uno de ellos. Ares Capital se compromete a destinar los vehículos única y exclusivamente a la actividad de arrendamiento con conductor.

Los vehículos alquilados son utilitarios del modelo Fiat 500, cuando los que prestan servicio de VTC en Ibiza, destinados a un turismo de alto poder adquisitivo, son de gama alta. De todos modos, las fuentes consultadas del Consell apuntan que, una vez obtenida la licencia, las empresas pueden cambiar de vehículos.

El presidente de la Asociación de Transporte Discrecional de Ibiza y Formentera, Emilio Díaz, critica que la normativa permita conceder VTC a cualquier vehículo, sin que reúna unos determinados requisitos, pese a que este servicio está pensado para dar «una oferta distinta a la del taxi a aquellos clientes que necesitan algo más, como el que prefiere ir a un hostal o a un hotel cinco estrellas de lujo». «Tiene que haber servicios para todos. Lo que no puede ser es mezclar las churras con las merinas. Actualmente la mayoría de las licencias de VTC que operan en este país lo hacen de forma irregular y con vehículos de una gama muy por debajo de lo que deberían», agrega Díaz.

Diversas fuentes del sector e incluso el propio Consell apuntan que detrás del alud de peticiones de VTC se esconde un movimiento especulativo, de venta de licencias. De hecho, algunas personas ya han preguntado en el Consell sobre el estado de la tramitación de las licencias después de haber alcanzado un acuerdo con la empresa que, en su día, presentó la solicitud.

El cupo de 50 de Ibiza

El cupo de 50 de Ibiza

Las 30 licencias ahora denegadas son las primeras de un total de 99 que diversas empresas de la Península solicitaron antes de que el Govern balear aprobara, en 2014, el decreto que habilitaba a los consells insulares a fijar un cupo. Entonces, el Consell fijó un techo en 50 VTC (una licencia por cada 6,75 de taxi). De las 99 apuntadas, 50 ya cuentan con sentencia firme del Tribunal Supremo. En todos estos casos, el Consell tiene la obligación de tramitar las solicitudes aplicando los requisitos que determina la ley (muy simples: cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, la documentación acreditativa de que dispone de los vehículos, entre otras cuestiones de este tipo) sin aplicar ninguna restricción por el cupo.

Aparte, hay otras 426 solicitudes de licencia de VTC en Ibiza, de las que 61 están pendientes de que el Supremo resuelva un recurso del Consell. Este paquete de peticiones se corresponde con las que se formularon entre la aprobación del citado decreto balear de 2014 (el de los cupos) y la modificación del reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, que fijaba el límite en 30 VTC por cada taxi, una proporción aún más restrictiva que la que había fijado el Consell.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) falló en favor de las empresas que solicitaban licencias de VTC, pero el Supremo ha admitido a trámite un recurso del Consell. En el caso de que el alto tribunal español desestimara estos recursos y la institución se viera obligada a tramitar y conceder (si cumplen los requisitos) las licencias, se podría dar la circunstancia de que en Ibiza hubiera más VTC que taxis, lo que pondría patas arriba el actual modelo de transporte.