El Govern balear no tiene previsto cambiar un ápice el articulado del controvertido decreto ley aprobado esta semana para reactivar la economía insular y que incluye medidas que han sorprendido e incluso indignado a los socios de gobierno y a sectores sociales afines al Ejecutivo.
La consellera portavoz del Govern, la ibicenca Pilar Costa, afirmó que «el decreto es el que se aprobó por el Consell de Govern» y por ello rechazó que vaya a introducirse cambio alguno. Así contestó a las preguntas formuladas por los periodistas tras la reunión del Ejecutivo.
Las tensiones internas entre los miembros del Govern (PSOE, Més y Podemos) han retrasado la publicación del decreto en el BOIB, pues hasta última hora de la tarde no se publicó. Pilar Costa también negó que ese retraso se deba a tensiones.
Las discrepancias entre los socios del Pacto radican tanto en las propias las medidas como en la filosofía que subyace en el decreto. En lo que hace referencia a las medidas es patente que no es muy del agrado de Més y Podemos ampliaciones hoteleras de hasta un 15%, y eso que el PSOE proponía que dichas ampliaciones llegaran hasta un 20%. De igual modo, la reconversión de hoteles obsoletos en viviendas o laboratorios de investigación suena para los nacionalistas y los ecologistas como una «tapadera» para la demanda histórica de los hoteleros, que era poder convertir sus viejos establecimientos en apartamentos.
Por otra parte, desviar los fondos de la ecotasa para usos relacionados con el Covid-19 es considerado como una desvirtuación más de un símbolo ecologista y de la izquierda y otra concesión a los grandes empresarios.
Las declaraciones públicas realizadas el mismo miércoles por el coordinador de Més, Antoni Noguera, no dan lugar a dudas a la existencia de fuertes discrepancias: «El PSIB-PSOE tiene una estrategia de partido de moverse en sectores vinculados al PP», apuntaba el líder de Més después de relatar la negociación.
Sin embargo, los demás cargos de Podemos y Més han preferido guardar silencio respecto a sus discrepancias.
De hecho, la consellera de Asuntos Sociales y Deportes del Govern balear, Fina Santiago (Més), al ser preguntada ayer por los periodistas, dijo que la normativa que permite la ampliación de hoteles en Balears «es un decreto de pacto», aunque reconoció que cada partido puede sentirse «reflejado» de distintas maneras en cada artículo, dando a entender que no todas las medidas incluidas gustan a alguno de los tres partidos.
Santiago rechazó comentar las críticas al PSOE del coordinador de Més, Antoni Noguera, quien afirmó que la medida era un intento de los socialistas de «contentar» a sectores conservadores.
Por su parte, la portavoz del Govern, Pilar Costa (PSOE), insistió en que el decreto «ha sido aprobado por todos los partidos» que forman el Ejecutivo, y que «todas las decisiones se toman de manera conjunta y unánime».
Costa negó que haya una negociación entre los partidos para introducir cambios y reiteró que no puede haber modificaciones porque «el decreto es el que se aprobó el miércoles» en el Consell de Govern.
GOB y Greenpeace
GOB y Greenpeace
Mientras tanto, el grupo ecologista GOB acusó al Govern balear de engrosar la lista de comunidades que apuestan por destruir más territorio, recursos y garantías ambientales con la excusa de la reactivación económica postcoronavirus y de «perversión máxima»por «vender el relato» de favorecer a hoteleros e inversores para que generen empleo, aunque éste sea precario y sin garantías.
Del mismo modo, Greenpeace criticó que el Govern se sume a este tipo de propuestas «al presentar un decreto ley que permite ampliar hoteles al 15 % y obras con solo una declaración responsable para otorgar licencias urbanísticas, como en Andalucía, Madrid o Murcia».
Por otra parte, Costa reiteró que el Govern ha incluido varias de las peticiones hechas por el Consell de Ibiza, «que fueron 15 y no 45», como asegura la institución insular.
