El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha rechazado la demanda administrativa presentada por la Federación de Hoteleros de Mallorca, así como por la de Ibiza y Formentera, para anular el decreto que regula el impuesto turístico, conocido popularmente como ecotasa.
Con esta resolución se confirma la legalidad del tributo que pagan los turistas por alojarse en establecimientos hoteleros y turísticos de las islas.
Los hoteleros llevaron la ecotasa ante la justicia en septiembre de 2016, apenas seis meses después de su aprobación. La entonces presidenta de la FEHM Inma Benito explicó que se decidió presentar el recurso "por responsabilidad" y aclaró que habían mostrado su desacuerdo "con el contenido y con la forma" del impuesto ya que, a su juicio, "restaba competitividad" al sector.
La sentencia, que es recurrible ante el Supremo, rechaza los tres argumentos principales que presentaron los hoteleros para sostener que el impuesto turístico era nulo yque se basaban en que era una medida discriminatoria con la libre prestación de servicio, vulneraba la ley de impuestos y no respetaba los principios constitucionales al crear un tributo sin la debida cobertura legal.
El tribunal ha analizado en profundidad el reglamento legal que se aprobó para desarrollar este impuesto y se llega a la conclusión de que no afecta a ninguna normativa europea, ni tampoco es un impuesto discriminatorio. Además, los jueces creen que está más que justificado, porque su principal objetivo es que la comunidad autónoma se nutra de fondos para favorecer el turismo sostenible.
La sentencia recuerda que la Constitución permite que las comunidades autónomas puedan desarrollar sus competencias en materia de promoción y ordenación del turismo. Y, además, el Estatuto de Autonomía de Baleares también permite que la comunidad autónoma pueda adoptar medidas financieras que le permitan obtener una financiación propia, al margen de los fondos que recibe del Estado.
El TSJB señala que el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas es "claramente insuficiente" para cubrir las necesidades actuales, y que por esta razón, "resulta imprescindible encontrar fuentes de financiación adicionales", ya que de esta manera se pueden desarrollar políticas que regulen la industria turística.
El tribunal, no solo rechaza la demanda, sino que impone las costas del proceso a la Federación Hotelera de Mallorca.
