El gobierno del Consell de Ibiza, formado por PP y Ciudadanos, plantea que el nuevo Plan Territorial Insular (PTI) permita construir viviendas en suelo rústico sólo en terrenos heredados, al objeto de «evitar la especulación». «No se puede dejar que el suelo rústico se urbanice de forma indefinida», apunta el presidente de la institución, Vicent Marí, que agrega que, si se autoriza la construcción en casos de herencias, el crecimiento en el campo sería «mínimo».
Hay que tener en cuenta que el PTI en vigor, tras la modificación puntual aprobada al final del pasado mandato, prohíbe el uso de vivienda en parcelas procedentes de segregación, división o fragmentación, salvo en el caso de que procedan de donaciones de padres a hijos o herencias y cumplan las condiciones para edificar.
Al ser preguntado por cómo se puede evitar que el beneficiario de una herencia no pueda especular con su propiedad, el presidente responde que «hay que buscar mecanismos para que no se produzca». «Estas cuestiones serán una parte del debate entre las instituciones, grupos políticos, arquitectos, aparejadores y propietarios de fincas rústicas [en el intento de consensuar un nuevo PTI]. Si se quiere luchar contra la especulación debe haber unos límites. Las líneas rojas deben estar en este punto: no a la especulación y sí a los derechos históricos y tradicionales que los ibicencos han heredado a través de muchas generaciones. Hay que buscar el marco legal para que sea posible», apunta.
El diagnóstico del PTI, el documento que debe servir de base para elaborar la nueva normativa territorial, aboga por «una limitación importante» de la edificación de casas en suelo rústico. «Parece necesaria hoy una intervención de las administraciones públicas con competencias para controlar la situación y evitar un deterioro irreversible de la isla», añade.
Compromiso incumplido
También apunta que la Norma Territorial Cautelar (NTC) que, al final del pasado mandato, se incorporó a la normativa del PTI, «ha paralizado parcialmente la alta presión en suelo rústico y ha reducido sensiblemente la demanda». Por ejemplo, ahora se prohíbe edificar en determinados espacios protegidos como la zonas forestales, ARIP o LIC y ZEPA y se han reducido las dimensiones de las viviendas, lo cual va en contra de los intereses del turismo de lujo.
En campaña electoral, Vicent Marí se comprometió a derogar la NTC para recuperar la versión inicial del PTI, la que se aprobó en 2005, y a partir de ésta, iniciar su revisión «con consenso». Sin embargo, el Consell iniciará el debate sobre la nueva normativa territorial sin eliminar los cambios introducidos por el anterior gobierno.
Al ser preguntado sobre este cambio de planes, el presidente del Consell dice que «no ha supuesto ningún incumplimiento», ya que ahora se pretenden «revertir determinadas disposiciones que impiden que un padre pueda ceder un terreno a un hijo para edificar una casa». Se refiere a que la ley agraria determina que las Zonas de Alto Valor Agrario (ZAVA) «son inedificables, salvo si se cumplen una serie de requisitos que son subjetivos».
La ley agraria balear prevé que, mientras no se determinen las ZAVA, tendrán la misma consideración las Áreas de Interés Agrario (AIA). Y el PTI califica como AIA todo el suelo rústico de Eivissa. Por ello, Marí apunta que «el primer paso» que debe hacer el Consell es «delimitar de forma consensuada las ZAVA de la isla».
Acto seguido, Marí señala que el nuevo PTI debe incorporar «unos mínimos» para tratar de evitar que, en función del resultado electoral, «se cambie cada cuatro años». «Hay que lograr un PTI que perdure en el tiempo porque cada vez que se han anunciado cambios se ha producido una avalancha de solicitudes de licencias de vivienda en rústico», destaca. «No hay que jugar con el patrimonio de la gente que ha cuidado el territorio», agrega el presidente.
Sin concretar más, Marí también dice que el nuevo PTI debe «conseguir que no se abandone el suelo rústico». «Es necesario por cuestiones medioambientales y paisajísticas. Se deberán incrementar las medidas de protección y de gestión del territorio, si se quiere realmente tener derecho a construir una vivienda», indica.
