El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este martes en un pleno extraordinario las cuentas municipales para el ejercicio 2020, que ascienden a 68,7 millones de euros, con los votos en contra de los populares y la abstención de Ciudadanos.El portavoz del Partido Popular, José Vicente Marí Bosó, ha criticado que se trata de unas cuentas que aportan "más paro, más impuestos y más despilfarro". En esta línea, ha reiterado la necesidad de bajar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y ha calificado al equipo de gobierno como los "campeones de la presión fiscal"

La concejala de Hacienda, Trabajo y Formación, Estefanía Torres, ha apuntado que el tipo del IBI sigue siendo el mismo, "solo sube el valor de la vivienda". Además, ha reiterado que una bajada de impuestos "puede desequilibrar un presupuesto".

Por otro lado, el Consistorio ha dado el visto bueno, con la abstención del PP y de Ciudadanos, la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral. Así, el equipo de gobierno ha "amortizado" una plaza de psicóloga del departamento de Bienestar Social para crear la de técnico de Recursos Humanos. En este sentido, el cargo que ahora ejercía de técnico de Recursos Humanos era una plaza de personal eventual, que ahora pasará a ser adjunto del Gabinete de Alcaldía. En este respecto, Ciudadanos ha criticado que el ejecutivo local elimine una plaza de psicólogo para añadir más cargos de confianza. "A la señora Desireé Ruiz asegura que a este equipo de gobierno le importan las personas, pero se dedican a darles la espalda. Prefieren crear cargos de confianza para descargar de trabajo a la concejalía y al alcalde antes que mantener funcionarios que ayudan a los más necesitados", ha criticado el portavoz de Cs en el Consistorio, José Luis Rodríguez.Finalmente, el pleno extraordinario ha dado luz verde a la moratoria para paralizar la emisión de licencias para el polígono 32 que hace referencia a la zona de Cas Mut y Eivissa Nova. En este caso, la primera teniente de alcalde, Elena López, ha señalado que se trata de una medida para “minimizar el impacto urbanístico, paisajístico y territorial de la zona".