El gobierno del Consell de Ibiza solicitará formalmente al Govern balear que modifique la normativa para que elimine la obligación de expedir las cédulas de habitabilidad. El conseller de Territorio, Mariano Juan, explicó que este trámite es «anacrónico» y, además, los ayuntamientos ya lo tramitan «de hecho» a través de la concesión del final de obra y la licencia de primera ocupación.

Actualmente hay un millar de solicitud de cédulas de habitabilidad pendientes de resolución. Tres cuartas partes de las mismas se corresponden con cédulas de renovación (caducan a los 10 años) o carencia (para tramitar una actuación en una casa antigua) y cuya tramitación se demora hasta más de un año. En cambio, la expedición de las de primera ocupación «no son un problema» ya que se tarda una media de dos semanas.

Los tres grupos políticos del Consell fracasaron ayer en el pleno al intentar consensuar una propuesta del PSOE para delegar a los ayuntamientos este trámite, tal como permite la ley, y evitar con ello una duplicidad y una pérdida de tiempo de los ciudadanos, según explicó el conseller socialista Vicent Tur. La moción del PSOE, que también preveía instar al Govern balear a eliminar las cédulas de habitabilidad de primera ocupación, no salió adelante porque el PP pedía que dicha derogación se extendiera también a las de renovación y carencia.

Disciplina urbanística

Disciplina urbanística

Tur justificó la negativa de su grupo a aceptar la propuesta del PP porque la expedición de las cédulas de renovación y carencia «permite un control de disciplina urbanística» por parte de la institución insular. Sin embargo, Mariano Juan advirtió de que, por ejemplo, en el caso de una casa payesa antigua (para la tramitación de una cédula de habitabilidad de carencia) en la que exista una infracción urbanística, esta «seguramente habrá prescrito hace 20 años».

El presidente, Vicent Marí, recordó que la tramitación de las cédulas de habitabilidad «perjudica a los ciudadanos», y lamentó la falta de acuerdo político con PSOE y Unidas Podemos.

Por otra parte, Mariano Juan informó en el pleno de que el equipo de gobierno ha empezado a trabajar en la revisión del Plan Territorial Insular (PTI). Tras el pleno, el conseller aclaró a este diario que no se puede derogar la revisión de la normativa territorial aprobada por el gobierno progresista en el pasado mandato y que la nueva será la que derogará «de hecho» la anterior, que es a lo que se comprometió el PP en la campaña electoral.

Nuevo colegio de Santa Eulària

Nuevo colegio de Santa Eulària

El grupo del PP tumbó la propuesta de Unidas Podemos de instar al Ayuntamiento de Santa Eulària a que solicite a la Comisión de Medio Ambiente de les Illes Balears que informe por separado cada una de las actuaciones urbanísticas previstas en la modificación puntual 10 de sus Normas Subsidiarias, al objeto de no retrasar más la cesión de un solar a la conselleria balear de Educación para construir un colegio.

La portavoz de Unidas Podemos, Viviana de Sans, criticó las actuaciones urbanísticas previstas junto a la de la obtención de un solar para la escuela y la estación de autobuses, mientras que el conseller del PSOE Vicent Tur dijo que «tiene mala pinta». No obstante, Mariano Juan replicó que sólo se aumenta la edificabilidad en dos solares en el centro de Santa Eulària y a cambio se obtienen dos aparcamientos.

Juan agregó que «trocear» la modificación puntual «no agilizará» su tramitación y que, si acaso, debe ser la Comisión de Medio Ambiente la que informe por separado. En todo caso, el conseller de Territorio destacó que Medio Ambiente está estudiando las alternativas que hay para agilizar el proceso y que en «dos semanas» se conocerá cuál es la mejor opción. «Se desencallará más pronto de lo que algunos piensan», advirtió.

Las claves

Las claves

Transporte públicoRenovación de la flota de autobuses

El conseller de Movilidad, Javier Torres, justificó la necesidad de modificar el plan de transporte de viajeros por carretera aprobado inicialmente en el pasado mandato para incorporar cambios sustanciales, como la obligación de que el futuro concesionario de las líneas se subrogue la flota de vehículos de determinadas características. Con esta medida, se pretende que las empresas que ahora operan el servicio puedan modernizar ya sus vehículos. También se rechaza mezclar el transporte escolar con el de pasajeros.

Medio ambienteDiferencias legales sobre la emergencia climática

El Consell aprobó adherirse al acuerdo adoptado por el Congreso de los Diputados para declarar la emergencia climática. El PP rechazó la propuesta inicial de Podemos de que el Consell declarara directamente la emergencia climática, ya que, justificó el conseller de Medio Ambiente, Vicent Roig, la institución no tiene competencias para ello. Viviana de Sans, de Podemos, lamentó la falta de valentía del PP. También se aprobó, a propuesta del PSOE, una moción para que el Consell adopte diversas medias para reducir el consumo de plástico.

EconomíaLa institución incumple el periodo legal de pago

La consellera de Hacienda, María Fajarnés, informó de que en julio y agosto el Consell pagaba las facturas de sus proveedores con una media de 44 y 48 días, respectivamente, superando los 30 días máximos que marca la ley de morosidad.