Las familias de Vanesa Patricio Escandell y de Daniel Viñals, junto con las de la mallorquina Paula Fornés y de un joven madrileño llamado Iván, presentaron ayer en el Congreso de los diputados las cerca de 300.000 firmas que han conseguido reunir -tanto en papel como a través de Change.org- para pedir un cambio en la legislación y que «ir drogado al volante y matar a alguien no salga gratis», en palabras de Cati Escandell, madre de Vanesa.
Estos cuatro jóvenes murieron arrollados por conductores que iban borrachos o drogados, o ambas cosas. Algunos de ellos, además, superaban con creces la velocidad máxima, y en el caso de Daniel Viñals, huyeron del lugar.
Las familias se reunieron con los portavoces de las comisiones de Justicia tanto del Congreso como del Senado. Según declaró el padre de Viñals, «parece que hay buenas intenciones», dijo en referencia a las reuniones que mantuvieron con representantes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. «Es una barbaridad esto que está pasando [porque] hay delitos que se pagan con tres o cinco años de cárcel y no son nada, y una muerte [como las de los jóvenes atropellados] máximo son cuatro años», lamentó Viñals, que recordó que su hijo falleció tras ser atropellado cuando iba en bici por un joven «borracho, drogado, que se fue del sitio, que lo dejó tirado, y a quien le han caído tres años y seis meses».
«Tasa cero»
Las familias quieren que se modifique el Código Penal para endurecer las penas por conducir bebido y drogado y que se fije la «tasa cero» de alcohol al volante, una medida que ya rige en muchos países europeos.
Antes de entregar las firmas, los familiares se concentraron ante la Cámara baja con pancartas y camisetas alusivas a los fallecidos. Entre ellos estaba Cati Escandell, cuya hija Vanesa murió atropellada el 9 de febrero del año pasado en un accidente en el que se vieron involucrados dos conductores, uno de los cuales dio positivo en cocaína. En junio, la jueza del caso decretó el archivo provisional de la causa penal contra los dos conductores, algo que indignó a la familia, que ha recurrido la decisión ante la Audiencia Provincial, que aún no se ha pronunciado. El caso de Paula Fornés también es especialmente grave. Murió en Mallorca con 15 años de edad cuando regresaba a casa con un grupo de amigos al ser atropellada por una conductora que quintuplicaba la tasa de alcoholemia.
También acudió al Congreso la madre de Iván, que murió atropellado el 9 de diciembre de 2016 en Madrid, también con 15 años, cuando esperaba en una parada de autobús. Fue arrollado por un conductor que dio positivo en cocaína y psicotrópicos, que superaba siete veces el nivel permitido de alcohol y que iba a una velocidad que triplicaba el límite permitido. El portavoz de las cuatro familias, José Fernández García, tío y padrino de Paula Fornés, explicó que las familias lograron reunir estas firmas en menos de tres meses, ya que comenzaron el pasado 24 de junio, pocos días después del fallecimiento de su sobrina, lo que, a su entender, refleja que «la gente está muy concienciada con este tema, que hay que ponerle remedio y hay que acabar con ello».
Fernández señaló que, como primera medida, han pedido a los representantes de todos los grupos políticos «que sean valientes» e implanten la «tasa cero».
En cuanto a la petición de modificar el Código Penal, el portavoz calificó de «incongruente» que se castigue con penas de entre uno y cuatro años de cárcel las imprudencias temerarias por atropellar a una persona cuando, por ejemplo, el hecho de provocar la amputación de un miembro en una pelea está castigado con entre seis y doce años de prisión.
Fernández añadió que lo habitual es que las condenas por estos hechos sean de dos años, con lo que en muchas ocasiones los condenados no llegan a ingresar en prisión. «Además, no puede ser que, por ejemplo, en el caso de Paula (en Mallorca), le atropellan el día 24 de junio, detienen a la conductora, la ponen a disposición judicial y a los diez días sale de la cárcel pagando 12.000 euros de fianza», dijo. «Te atropellan a tu sobrina diez días antes y después atropellan a la familia entera. [Esa persona] debería estar en la cárcel hasta la celebración del juicio», apuntó. Fernández piensa también que hay que reforzar el castigo de la omisión del deber de socorro. Avanzó que si llegan al medio millón de firmas estudiarán la posibilidad de presentar directamente en el Congreso una iniciativa legislativa popular.
