El retraso en la adjudicación de las concesiones de las playas de Sant Josep para las próximas cuatro temporadas ha demorado aún más la instalación de las cintas que delimitan las zonas autorizadas para ubicar las hamacas y sombrillas. Hace unos días se empezaron a colocar y se espera que la semana que viene todas las playas ya tengan marcadas sobre la arena sus concesiones, según la concejala de Medio Ambiente, Neus Marí.
La primera teniente de alcalde y edil de Hacienda, Paquita Ribas, justifica que, hasta que Costas no ha dado el visto bueno sobre el terreno a todos los lotes de playas (el replanteo), no se han iniciado las tareas para marcar sus límites. Para hacerlo, el Consistorio ha contratado a una empresa, pero los concesionarios tienen la obligación de mantener las cintas.
Pese al retraso en la delimitación de las concesiones, la concejala de Medio Ambiente asegura que los empresarios, tal como han comprobado los técnicos y la Policía Local, no han sobrepasado el área asignada ni el número de hamacas autorizadas. Para ello, varias veces se han utilizado, además, las imágenes aéreas de un dron.
Baja la actividad este verano
La primera teniente de alcalde también señala que este verano el negocio de las hamacas «no es el más fructífero» y que, a diferencia de otros años, en los que había «más demanda que oferta», no se alquilan todas. Esta situación también ayuda a que no haya «sobreocupación» con más elementos de los autorizados, reconoce Paquita Ribas.
Por otra parte, la junta de gobierno ya ha cerrado la adjudicación del último lote de playa pendiente en Platja d'en Bossa, frente al Beachouse. El titular de este establecimiento ha sido finalmente el adjudicatario hasta el año 2021 de esta concesión de 144 hamacas y 72 sombrillas, con una oferta económica de 135.000 euros al año.
La más alta, de 216.000 euros, presentada por el hotel Gran Playa, de Santa Pola, fue rechazada por ser «desproporcionada». La segunda propuesta, de 210.000 euros, también se descartó después de que el ofertante no presentase la documentación que le requirió el Consistorio. Este hecho ha retrasado la adjudicación de este lote, que al final se ha llevado la tercera oferta, la de Beachouse, que ya ofrecía a sus clientes hamacas y sombrillas aunque sin poder cobrar por este servicio, según Ribas.
En los últimos dos plenos, representantes del hotel Gran Playa intervinieron en el pleno para denunciar que Beachouse estaba explotando «ilegalmente» esta concesión. Además, han presentado una denuncia ante Costas.
Recientemente, la junta de gobierno también ha adjudicado la explotación de un chiringuito (de nueva instalación) en Punta Xinxó. En este caso, la empresa que, inicialmente, fue adjudicataria no presentó la documentación necesaria, por lo que el montaje y gestión de este negocio de playa pasó a la segunda oferta más alta, aunque al equipo de gobierno se le pasó por alto la adjudicación. El Ayuntamiento se dio cuenta del olvido cuando los beneficiarios alertaron de que aún nadie había instalado el chiringuito.
Asimismo, aún queda pendiente la adjudicación de tres concesiones náuticas en Cala Tarida porque Costas aún no ha informado favorablemente. Aparte, hay casi una decena de lotes, sobre todo náuticos, como el alquiler de velomares, que han quedado desiertos por falta de ofertas o, en el caso de un lote de hamacas en Platja d'en Bossa, porque la única oferta presentada era inferior al precio de salida.
Descuento por el retraso
El Consistorio aún no ha cobrado el segundo 50% del coste anual de la concesión, previsto a finales de julio (el primero se abonó en el momento de la adjudicación de los lotes), porque el equipo de gobierno ha decidido, al igual que el Ayuntamiento de Ibiza, «descontar la parte proporcional» del retraso en la puesta en marcha del servicio.
Sin tener en cuenta esta reducción (sólo por el retraso en el primer verano de la concesión), el equipo de gobierno prevé ingresar cada año unos cuatro millones de euros por estas concesiones (sin contar las de las playas de es Cavallet y ses Salines, que se gestionan a través de un convenio distinto), que viene a ser «un poco menos» que lo que se recaudó con la polémica subasta de hace dos años. «Al final los ingresos son muy parecidos, pero con el concurso se ha logrado incorporar mejoras ambientales y sociales», destaca Ribas.
