El Govern balear construirá vivienda pública y comprará pisos para destinar a alquiler social con el objetivo de solucionar el problema de la vivienda, según anunció ayer el conseller balear de Territorio, Marc Pons, tras una reunión con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Torres, y la consellera insular de Vivienda, Viviana de Sans. Estas dos medidas, a las que no puso fecha, estarán incluidas dentro de la «hoja de ruta» de actuaciones para solventar la situación de «emergencia habitacional» de la isla de Ibiza. El documento se presentará dentro de dos semanas y recogerá las actuaciones y compromisos de todas las instituciones implicadas: Govern, Consell y ayuntamientos.
Pons recalcó que no hay que olvidar que el problema tiene su origen «en la presión turística sobre la vivienda», por lo que insistió en que «quienes tienen las competencias en ordenación turística deben actuar con contundencia». «Si esto no se aborda en profundidad difícilmente seremos capaces de dar respuesta a largo plazo», indicó antes de recordar que no están permitidos los alquileres turísticos en las viviendas plurifamiliares.
Pons indicó que se trata de un problema «estructural, no coyuntural» para cuya solución es «fundamental» que todas las instituciones públicas estiren «al máximo» sus competencias. El conseller confía en que los primeros resultados de este plan se aprecien este mismo año. Además, recalcó la paradoja de que Ibiza sea la isla de Balears con menos viviendas sociales a pesar de que es la que sufre el problema «más grave».
La primera opción del Govern es construir más vivienda protegida -«estamos mirando cuánto suelo público hay, somos conscientes de que hay poco»- pero también plantea comprar bloques de pisos para destinarlos a alquiler social: «Hay que analizarlo bien porque el precio de mercado condiciona mucho y los recursos son finitos». El Ejecutivo reclamará al Consell que colabore económicamente.
De la misma manera, el conseller anunció que el Govern, a través de la dirección general de Arquitectura, iniciará de forma inminente inspecciones en todas las viviendas sociales de la isla (1.400) para asegurarse de que no se están destinando al alquiler turístico. Los propietarios que las alquilen serán multados y, en el caso de que la infracción sea reiterada «podrían acabar perdiendo la vivienda».
De Sans afirmó que es «reconfortante» que el Govern sea consciente «de la situación de emergencia habitacional» de la isla pero destacó que la necesidad de solucionar el problema a corto plazo es «imperiosa». En este sentido, señaló que el inicio de la temporada supone «una agonía» tanto para familias y personas a las que echan de sus casas como para trabajadores de verano que no tienen más remedio que alojarse «en infraviviendas».
La vicepresidenta señaló que la oficina del Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) en el Consell de Ibiza «mejorará y ampliará» sus servicios mientras que a los ayuntamientos se les pedirá el compromiso de «estirar» todo lo posible las competencias sociales en referencia a la vivienda, además de que ofrezcan el suelo público de que dispongan en sus municipios para construir nuevas viviendas protegidas. De Sans explicó que ya se ha reunido con todos los consistorios para pactar «el nivel de implicación» excepto con el de Sant Antoni y que su colaboración se canalizará a través del Consell de Alcaldes.
Ambos señalaron que en la reunión de ayer no se habló de la Ley de Alojamiento Turístico. Pons defendió que aunque aún hay que consensuar el plazo, las viviendas que estén cerradas más de seis meses al año y en manos de «grandes tenedores» deberán pasar a la Administración para un alquiler social.
«Somos conscientes de que la situación es muy compleja, Ibiza es el paradigma de la problemática de la vivienda y donde el Govern debe dedicar todos los esfuerzos», indicó Marc Pons.
