La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, María Luisa Bustillo, ha citado a declarar de nuevo en calidad de investigados (nueva forma de denominar a los imputados) a la exalcaldesa de Sant Antoni Pepita Gutiérrez y su antecesor y actual portavoz de la oposición, José Sala, ambos del PP, por el caso de los supuestos aparcamientos disuasorios ilegales.
Lo harán el 18 de abril, al igual que los exconcejales del PP Vicent Costa, Maymó, Vicent Ribas, Mestret, y José Torres, también como investigados, a raíz de la querella presentada por Pedro Espigares, en representación de Subsuelos Urbanos S.L., la empresa que explota el aparcamiento subterráneo de la plaza España de Sant Antoni.
La Audiencia Provincial estimó el pasado mes de octubre un recurso de la defensa de Pepita Gutiérrez y anulo por «falta de motivación» el auto de admisión a trámite de la querella y, con ello, todas las imputaciones. Gutiérrez, Ribas y Torres ya habían prestado incluso declaración ante la juez.
Ahora la juez empieza de nuevo todo el proceso con la admisión a trámite de la querella y la citación, primero, del querellante, y después de los investigados. La magistrada considera, en el nuevo auto, que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa y malversación.
Subsuelos Urbanos demandó a los tres responsables municipales del anterior gobierno (luego amplió la querella a sus predecesores, Sala y Costa) por permitir el funcionamiento «irregular e ilegal», por no cumplir las ordenanzas, de los aparcamientos disuasorios de la periferia del núcleo urbano de Sant Antoni, que, según Espigares, ejercen «una competencia desleal» a la concesión del aparcamiento de pago de la plaza España, motivo por el cual, argumenta el querellante, resulta «deficitaria».
En su auto, la juez señala que los hechos que relata el demandante, «y sin ánimo de prejuzgar», podrían quedar comprendidos en el delito de prevaricación administrativa, en su modalidad omisiva. Se basa en el hecho de que los investigados mantuvieron «una actitud omisiva» ante los requerimientos de Espigares de que se cerrase «unos supuestos aparcamientos que no cumplían las prescripciones y requerimientos establecidos en la normativa correspondiente».
En cuanto al supuesto delito de malversación, la juez argumenta que en la querella Espigares denuncia que «el Ayuntamiento no habría procedido a recaudar unas cantidades que debían haber entrado en las arcas».
El administrador de Subsuelos Urbanos relata en su querella que los gobiernos anteriores del PP eximieron a los propietarios de los terrenos que se usan como aparcamiento de pagar el IBI y compensar así la cesión para un servicio público. Hay que tener en cuenta, que el actual gobierno tripartito de Sant Antoni (PSOE, Reinicia y PI) también se ha negado a cerrar estos parkings.
