Prevaricación y realización arbitraria del propio derecho son los dos delitos en los que los representantes legales de la sociedad gestora del Cetis consideran que puede haber incurrido la todavía alcaldesa de Ibiza, Marienna Sánchez-Jaúregui, al no ordenar la apertura de la estación de autobuses.
Los abogados Miguel Borrás y Gregorio San José (los mismos que defendieron al gerente de Inestur, Antonio Oliver, en el caso Voltor) presentaron ayer una querella en nombre de la concesionaria. En ella se acusa a la alcaldesa de «grave dejación del ejercicio de sus competencias y flagrante incumplimiento de la Ley» por no haber dictado un decreto ordenando el cese del uso de la estación de autobuses de la avenida de Isidor Macabich y el traslado de las líneas a la nueva estación.
Los dos letrados comparecieron ante los medios de comunicación tras presentar esta querella e indicaron que el motivo de la interposición de la misma «es que la empresa considera que se halla en una situación inasumible, cuando una estación que tiene todos los permisos no se pone en funcionamiento al parecer por decisión de una persona, lo cual tiene unos perjuicios económicos importantes».
«Incumplimiento de concesión»
Borrás destacó también el hecho de que haya «un incumplimiento de la concesión, con la ocupación contra el consentimiento de la empresa de la torre 1, por parte de la Policía». «Lo que se quiere es dar una solución a este tema. La decisión ha sido someterse a los tribunales y que decidan si esta actuación de la alcaldesa de Ibiza es ajustada o no a derecho», argumentó el abogado, quien también reiteró que la empresa ha mantenido muchos contactos con el equipo de gobierno : «Se ha llegado a una situación en la que no se puede esperar más. No es que haya sido una decisión no pensada, sino que ha llegado después de mucha negociación y muchas esperas».
A pesar de que la «omisión deliberada del cumplimiento de la Ley» de la que la empresa acusa a Sánchez-Jáuregui podría haberse argumentado de igual modo a lo largo de los dos últimos años, la querella llega cuando la edil ha anunciado su dimisión y ha sido reprobada por todo el equipo de gobierno, algo que podría interpretarse como un aviso a navegantes para que su sucesora no continúe con la estrategia dilatoria que denuncia la empresa.
Borrás explica así por qué se ha escogido esta semana para ejercer estas acciones: «Viene una temporada por delante que se va a volver a perder si no se da una solución a esto. Se ha intentado apurar al máximo».
«Perjuicios económicos»
En un comunicado remitido a la prensa, la empresa recuerda que lleva desde abril de 2011 sin poder explotar la estación «pese a que cuenta con todos los informes técnicos municipales favorables y cumple con la legalidad vigente». La gestora del Cetis asegura que la actitud de la alcaldesa ha provocado a la sociedad «importantes perjuicios económicos» a los que «en última instancia deberá responder el Ayuntamiento de Ibiza y, por tanto, los residentes del municipio», y añade que a estos perjuicios se deben sumar otros, los que «se irroga al Ayuntamiento al privar a la empresa de percibir el importe del canon anual para la explotación de la concesión».
La concesionaria advierte de que la actitud de Jáuregui perjudica a la población de la isla y también a los turistas que visitan Vila: «Pese a disponer en la ciudad de una moderna y práctica infraestructura pública para la prestación de un mejor y más seguro servicio en el transporte, se ven obligados a tener que hacer uso de una irregular estación de autobuses en la avenida de Isidor Macabich que en modo alguno reúne condiciones de higiene, salubridad, confort y seguridad». «Soy una persona resolutiva. Las situaciones no se pueden alargar año tras año y menos cuando afectan a los ciudadanos», aseguraba Sánchez-Jáuregui en diciembre de 2011.
Demanda anterior: Insisten en desalojar a la Policía Local de la torre 1
La Sociedad Gestora Cetis S.L. insiste en que la alcaldesa está incurriendo en «grave incumplimiento» del contrato y en que, «al margen de los cauces legales previstos», ha autorizado que la Policía Local ocupara la torre 1 del edificio Cetis «en contra de la voluntad de la gestora». La empresa ya solicitó al juez que desalojara a la Policía de este espacio en octubre, cuando interpuso una demanda en los juzgados de Palma en la que reclama al Consistorio una indemnización que asciende a 16 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por las pérdidas que le está ocasionando la falta de explotación comercial de la estación de autobuses y de los locales comerciales del mismo edificio. Aquel documento solicitaba al juez que adoptara, previamente a la emisión de sentencia, la orden cautelar de desalojar la Torre 1 del edificio Cetis, donde se encuentra la Policía Local de Vila, al considerar que está ocupando sin los debidos requisitos legales dichas dependencias. Sin embargo, la Justicia desestimó en diciembre el desalojo de la Policía como medida cautelar, mientras la demanda contencioso-administrativa sigue su curso. La empresa del Cetis ha vuelto a incluir este punto en sus acciones penales mientras espera la resolución de las interpuestas en 2012.
