La primera vez que escribí sobre el despropósito de los beach clubs y hoteles discoteca fue hace casi nueve años, cuando aún no tenía la más remota idea del entramado jurídico que los había auspiciado. Lo hice en un blog modesto, a modo de desahogo, tras percibir que el número de playas que sometían a los bañistas a esta atmósfera discotequera, tanto si querían como si no, se expandía como una plaga.
A raíz del artículo, por el aluvión de comentarios, descubrí que había muchos otros ibicencos que sentían la misma indignación y califiqué el fenómeno como un abuso. Entonces, Ibiza ya poseía una industria discotequera insonorizada capaz de acoger a docenas de miles de personas a diario, sin necesidad de crear otra infraestructura paralela que pervirtiera las playas.
¿Cómo era posible que, con el rosario burocrático que implicaba tramitar una licencia de discoteca, de pronto unos chiringuitos de playa y unas terrazas de hotel pudiesen ejercer como salas de fiestas sin tener licencia para esa actividad? Con el tiempo fui profundizando hasta descubrir la raíz del problema.
La respuesta la encontré en la Ley Turística de 2012, impulsada por el Govern balear de José Ramón Bauzá. Incorporaba un artículo que ha acabado dinamitando la industria del ocio, al permitir a negocios turísticos como hoteles y restaurantes, ofrecer actividades complementarias a la principal sin necesidad de licencia. Dicha ley la tramitó el mismo conseller que, como alcalde de Calviá, ya otorgó permisos especiales a hoteles de Fiesta en Mallorca para ejercer como salas de conciertos al aire libre.
Con tan difusa ley y la trampa de las declaraciones responsables, los ayuntamientos no tuvieron agallas para frenar la situación (o no quisieron). Y como consecuencia, también cambió el perfil del turista que ahora viene. Algunos se han hecho más ricos, pero la realidad es que la calidad media de vida de los ibicencos ha empeorado ostensiblemente.
En este contexto, por cierto, resulta sonrojante y descarado el cinismo de los representantes de los hoteles discoteca y beach clubs, reclamando con insistencia que se combatan las fiestas ilegales en villas. Por supuesto que hay que frenarlas, pero su poder es tan elevado que están a punto de provocar una nueva ley que se pasa de frenada, condenando por anticipado a los propietarios de viviendas turísticas. Y hablo de cinismo porque muchos de ellos nacieron siendo completamente ilegales y ahora se permiten el lujo de darnos lecciones de ética. Antes de que fuera aprobada la ley turística de 2012 ya había hoteles discoteca y beach clubs y nadie les puso freno. El Ayuntamiento de Sant Josep estuvo a punto, pero en el último momento el alcalde, incomprensiblemente, se echó atrás.
Con el tiempo, las actividades secundarias o complementarias se han convertido en principales y, ante el páramo jurídico, nadie lo ha cuestionado. Hasta octubre de 2020, cuando por fin una sentencia del TSJB, referida a un hotel de Palma que programaba conciertos de jazz en su azotea sin licencia –una balsa de aceite en comparación con el show que arman en Ibiza–, dejó claro que dichas actividades complementarias amparadas por la ley turística solo pueden ofrecerse para sus propios huéspedes, no a clientes externos. A pesar de esta sentencia, los hoteles discoteca acogen a miles de personas a diario y en los beach clubs ocurre exactamente lo mismo. Pueden atender a docenas de comensales, pero asumen cientos y hasta miles de clientes en su pista de baile. Constituye una grave irregularidad, además de una enorme tomadura de pelo.
Ahora que por fin se ha abierto el melón de aprobar una nueva ley turística en el Parlament, Unidas Podemos Ibiza ha presentado una enmienda para regular la actividad musical de beach clubs y hoteles discoteca porque ejercen una «competencia desleal». Tras años de criticar la situación, ya era hora de que hiciesen algo. Ahora veremos si son capaces de llevar su propuesta hasta el final y se la imponen a su socio de gobierno. Lo contrario sería un fiasco que les pasaría factura electoral.
El PSOE ha respondido con su indefinición habitual: que el asunto les preocupa mucho, pero que la regulación de beach clubs y hoteles discoteca «no es objeto del decreto ley turístico que se está tramitando». La raíz del problema es precisamente la ley turística en vigor y la única forma de atajar el problema es esclareciéndola en base a lo dictaminado por la Justicia.
Todos sabemos quiénes son los abogados que trabajan para el lobby afectado y a qué partidos pertenecen. Dejen de tomarnos por tontos y pongan las cosas en su sitio. O al menos permitan a otros, sin tantos intereses cruzados, hacerlo por ustedes.
@xescuprats
