El Govern balear cambiará por decreto ley la normativa sobre instalación, acceso y ejercicio de actividades, con el objetivo de que los ayuntamientos puedan sancionar a los organizadores y participantes en fiestas ilegales en mansiones particulares, una verdadera industria clandestina que se ha convertido en un preocupante problema en Ibiza. La nueva regulación vendrá a llenar un vacío legal del que se han aprovechado hasta ahora los promotores de estas fiestas y dará instrumentos a la Administración para poder sancionar más eficazmente a quienes intervienen de uno u otro modo en ellas. La impunidad, la falta de control y los grandes beneficios que reporta han favorecido la proliferación de este negocio, que mueve grandes cantidades de dinero negro, origina importantes riesgos de seguridad y supone una competencia desleal para muchas empresas que actúan dentro de la legalidad y están obligadas a cumplir con sus obligaciones laborales y tributarias, que las fiestas pirata eluden por completo.
El cambio en la normativa es muy ambicioso y supone un avance en la buena dirección, pues tiene una innegable finalidad disuasoria, al contemplar sanciones para todos los involucrados en fiestas ilegales con ánimo de lucro montadas en viviendas privadas, no solo para los organizadores, sino también para los comercializadores, asistentes, la propiedad del inmueble y todos los que colaboren en la actividad. Precisamente por ello es fundamental que el armazón legal de la nueva regulación esté bien construido jurídicamente, de modo que los ayuntamientos puedan aplicarla con plenas garantías, sin que los tribunales acaben tumbando las posibles sanciones por una deficiente cobertura legal. La principal dificultad será, sin duda, la de probar la responsabilidad de cada uno de los denunciados, para sustentar las multas que se les impongan. De nada sirve establecer en la norma unas sanciones elevadas si después en la práctica no se pueden justificar ni cobrar, o si las invalidan los tribunales, lo cual daría alas a los infractores al ver reforzada su impunidad y llevaría a la frustración a quienes han de perseguirles o a los múltiples perjudicados, ya sean los vecinos del entorno o las empresas y profesionales del sector que trabajan legalmente.
El problema de las fiestas ilegales no es nuevo y requería una intervención decidida del Govern balear para actuar con mayor contundencia, pero para erradicar esta actividad es necesario el compromiso de todas las administraciones: ayuntamientos, consell, Govern y Administración del Estado a través de la Guardia Civil, la Policía y la Agencia Tributaria, con el fin de que quienes se saltan la ley a la torera y se están forrando fraudulentamente respondan por ello. No obstante, es preciso proporcionar plena seguridad jurídica a la acción pública en defensa del interés general, tener la certeza de que no se vulneran derechos que puedan invalidar las actuaciones y buscar formas de aportar elementos de prueba suficientes para respaldar las denuncias y los expedientes sancionadores. Esta es precisamente la finalidad que persigue el Consell de Ibiza al recurrir de nuevo a detectives privados para infiltrarse en estas fiestas y obtener testimonios inequívocos de la implicación de los denunciados.
Por su parte, la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de la patronal Pimeef critica que la reforma de la normativa sobre actividades «criminaliza» al propietario, que deberá demostrar que no conocía que su casa iba a usar para celebrar una fiesta ilegal, pero la argumentación del Govern es razonable: el dueño es el responsable de la vivienda y «la justicia interpreta que tiene el control de lo que se hace en ella». La imputación de responsabilidad a los propietarios hará que se conviertan en colaboradores activos de las medidas para impedir las fiestas ilegales, lo que debería dificultar a los promotores encontrar lugares donde celebrarlas. Los dueños se enfrentan a multas de un mínimo de 100.000 euros y, si es una vivienda vacacional, a la pérdida de la autorización para el alquiler turístico, así que no pueden mirar hacia otro lado y limitarse a cobrar las elevadas rentas que ingresan, despreocupándose de lo que ocurre en su inmueble, como solía ocurrir hasta ahora.
A pesar de que llega tarde y cuando el problema ya ha crecido demasiado, hay que aplaudir la reforma de la normativa que impulsa el Govern, presionado sobre todo por el Consell y los ayuntamientos ibicencos, que servirá para adaptar la regulación legal a la complejidad del fenómeno que se quiere combatir. Una vez que entre en vigor, el reto será aplicarla de forma efectiva e implacable, para que quienes se lucran con esta actividad ilegal perciban claramente que la proporción de riesgo/beneficio se ha invertido drásticamente y ya no les saldrá a cuenta implicarse en ella.
DIARIO DE IBIZA
