«Hay que dejar de contar el número de turistas; hay que contar la huella económica que dejan», dice Abel Matutes. Se supone que su cadena alcanzará ese objetivo mejorando la productividad y sacando partido a recursos hasta ahora sin explotar. Pero también podría lograrlo gracias a la Ley Turística que prepara el Govern, cuyo último borrador conocido pone tantos requisitos, es tan drástico en sus objetivos y su régimen sancionador es tan duro que, de no modificarse, podría cargarse a la pequeña y mediana hotelería pitiusa, que supone el 85% de la planta y que, por su tamaño, difícilmente puede afrontar tanto la burocracia que implantará esa legislación como la enorme inversión prevista. Un acreditado hotelero asegura que la ley se ha cocinado en Mallorca sin tener en cuenta a Eivissa, sin consensuar nada con los ibicencos. Cocinada al gusto mallorquín, cuyo tejido hotelero difiere bastante del ibicenco. Ya hay empresarios que amenazan con dejar las llaves de sus alojamientos en manos de los fondos de inversión, buitres al acecho, pues son conscientes de que los van a crujir, de que no podrán hacer frente a semejante gasto en los plazos previstos. Para las grandes cadenas, los cambios económicos previstos son más asumibles. Y si desaparece la pequeña hotelería pitiusa, miel sobre hojuelas: menos oferta, ergo precios más elevados y una huella económica más profunda.
