Ni ingenuidad ni buenismos. La comunidad idílica de okupas que limpia y rehabilita los inmuebles de Punta Arabí es propaganda para crédulos.
Quienes sí han podido entrar en el club han constatado los destrozos, el pillaje y un saqueo que no justifica el drama de la vivienda. Tampoco las amenazas y el acoso que denuncian haber sufrido propietarios que viven en el complejo, rehenes en su propia casa por temor a que les echaran la puerta abajo de una patada.
Pero los presuntos delitos los debe dilucidar la justicia.
Por comprensibles que sean los fines, es inadmisible que se permita a un grupo de tintes parapoliciales y ultras usurpar funciones de jueces y fuerzas del orden, amedrentando y hostigando a la gente para desahuciarla, ante la connivencia de unas autoridades, Ayuntamiento y delegación del Gobierno, que miran hacia otro lado. Que una «empresa» privada se arrogue la potestad de autorizar a una madre a salir a comprar leche o a que se pasen alimentos por la barrera, de exigir la identificación, de ‘confinar’.
Sustituir el estado de derecho por el matonismo, suplantar la ley por la fuerza tiene un nombre, y no es democracia. No me cabe duda de que en Punta Arabí hay jetas que han hecho de la okupación su forma de vida, pero también familias, personas sin hogar, y ya puede dar las gracias Santa Eulària de que, desencantadas, éstas no acudan en masa a pedir amparo a los Servicios Sociales porque, en una isla donde ya ni un trabajo estable te garantiza techo y faltan plazas y centros de acogida, no tiene dónde meterlas.
