Es difícil elegir una de entre las estrambóticas y coercitivas medidas con las que el Govern nos castiga a diario (algunas como el toque de queda anuladas tras la bofetada del Tribunal Supremo). Si he de escoger la más ininteligible, me quedo con la que prohibía trabajar a los dj.
El BOIB (Boletín Oficial de Idioteces y Barbaridades) publicaba el 22 de mayo el acuerdo del Consell de Govern que prohibía las actuaciones de estos profesionales porque su actividad «no se puede considerar música ambiental ni música en vivo».
La estupefacción inicial de los pinchadiscos dio paso a la indignación y, ante la catarata de críticas, el Ejecutivo dio marcha atrás. Por supuesto, nadie asumió la responsabilidad. «Ha sido un técnico», dijo alguien para escurrir el bulto y seguir en el carguito.
No es la primera vez que los deejays ibicencos sienten el aliento del Govern en el cogote. Pese a lo mucho que a algunos políticos isleños les gusta la fiesta, se diría que buscan acabar con la industria de la música electrónica, puntera en Ibiza. Los dj consiguen que la gente se divierta y eso, para un Govern que le ha pillado el gustirrinín a recortar libertades, es intolerable. Tal vez si los dj se pasan a los boleros mallorquines para que el público baile el ball de bot logren caerle en gracia a Francina Armengol.
