Mientras vemos cómo discotecas y beach clubs vuelven a afilar los cuchillos, se ha producido un nuevo fenómeno en la isla: comienzan a escucharse voces discordantes procedentes de instituciones y del sector empresarial, en contra de la oferta de ocio diurno que existe en múltiples playas. Denuncian la competencia desleal que representan estos clubes y cómo su actividad no solo perjudica a las discotecas tradicionales, que han perdido negocio a raudales en los últimos años, sino también a otros sectores económicos, como la restauración o el comercio.

Cada jornada del verano docenas de miles de turistas se concentran en un puñado de macro establecimientos de playa. Ejercen como discotecas puras y duras al aire libre -como subrayan sus propias imágenes promocionales- cuando en realidad abrieron sus puertas con licencia de hotel o restaurante. Se parapetan tras una ley turística que parece hecha ad hoc para crear caos y vacío normativo, cuando ya existía un segmento del ocio regulado y estipulado al detalle. Este nuevo marco jurídico se aprobó en 2012, cuando José Ramón Bauzá, entonces en el PP, lideraba el Govern balear y el conseller de Turismo era Carlos Delgado -ex alcalde de Calvià y protagonista de la penosa foto con unas gónadas de ciervo en la cabeza tras una cacería-. Esta nueva ley permitió a los negocios turísticos desarrollar una actividad complementaria de amenización a su libre albedrío, de forma que esta -la fiesta- ha acabado fagocitando a la principal-la hostelera-.

Esas docenas de miles de clientes que aglutinan los beach clubs son los mismos que antaño se repartían los comercios y restaurantes del centro de Sant Antoni, ahora a medio gas; los del puerto de la ciudad, en franca decadencia, y los negocios de las principales zonas turísticas. El turista del ocio se levanta, se enclaustra en un club de playa y ya no sale hasta la noche, agotado y con el presupuesto fundido.

Algunas discotecas de la isla tampoco son hermanitas de la caridad. Las hay que han sido acusadas de permisividad en la venta de drogas, superar aforos, acometer obras ilegales, incumplir horarios de apertura, etcétera. Sin embargo, en su día se vieron obligadas a afrontar grandes inversiones para cerrar sus espacios y dejar de operar al aire libre, función que hoy precisamente ejercen los beach clubs. La evolución de estos establecimientos de playa, si se mira con perspectiva, solo puede calificarse de surrealista. ¿Cómo es posible que hayan podido evolucionar hasta tal extremo, sin la menor cortapisa y ante las narices de todo el mundo?

La Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento, que aglutina a parte del sector de las discotecas, ha hecho público un dictamen elaborado por la jurista y antigua consellera de Territorio de Menorca, Marta Vidal (PP). Afirma que el Consell Insular de Ibiza es la institución competente para regular la actividad de los beach clubs y exige a esta que se ponga manos a la obra. El informe subraya, además, que los beach clubs están integrados en la ley turística como actividades de entretenimiento, recreativas y deportivas, diferenciándolos de las salas de fiestas, de baile y de las discotecas. No podrían, por tanto, ser amenizados mediante medios mecaánicos o electroónicos.

Además, el portavoz de la Pimeef en Sant Antoni, Miquel Tur, también ha denunciado el 'perjuicio' que les ocasionan los beach clubs: «Han roto el modelo tradicional, en el que convivían las pequeñas empresas con las grandes» y ha apostillado que ejercen «una especie de competencia desleal».

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni, Joan Ribas, ha dicho no entender por qué hace unos años se obligó a cerrar las salas de fiestas para evitar que el ruido saliera fuera y, en cambio, se permita a los clubes de playa funcionar «como discotecas al aire libre». Incluso el primer teniente de alcalde de Sant Antoni. Joan Torres, se ha mostrado partidario de «regular recortando esta oferta de ocio».

La configuración de los beach club ibicencos como discotecas de día no solo ha desmantelado parte del modelo económico de la isla, beneficiando a unos pocos a costa de perjudicar a cientos de negocios. También ha transformado playas que antes eran familiares y tranquilas en coto privado de lo fiesta, pese a que son territorio público. Este modelo de negocio, además de avasallar, constituye una anomalía dentro de las férreas normativas que regulan la actividad del resto de establecimientos de ocio. Los clubes de playas representan, en definitiva, un insulto a la inteligencia de los ibicencos. Ya es hora de ponerle remedio.